Por EnOff
En un contexto donde la percepción de seguridad ciudadana es un pilar fundamental para la confianza en las instituciones estatales, los recientes datos presentados por la Fiscalía Nacional revelan un panorama inquietante que desmiente al gobierno, que ha proclamado mejoras en materia de seguridad pública durante el primer semestre de 2024.
Pese a los esfuerzos oficialistas por presentar una realidad distinta, las cifras indican un incremento del 15% en el número de homicidios, comparado con el mismo período del año 2023. Este aumento significativo no solo cuestiona la efectividad de las estrategias implementadas en materia de seguridad, sino que también destaca una desconexión preocupante entre la retórica gubernamental y la realidad que viven los ciudadanos a lo largo del país.
Desde el Ejecutivo, se ha celebrado una disminución del 6% en la tasa de crímenes consumados a nivel nacional. Sin embargo, este dato, aislado de la realidad de los homicidios, no refleja un verdadero avance en la seguridad ciudadana. La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó la implementación de medidas como el plan “Calles sin violencia”, pero los datos indican que dichas acciones no han sido suficientes para frenar el alza en homicidios, es decir, no hay avance en la materia.
En un lapso de sólo 96 horas, días atrás, el país fue testigo de 18 muertes violentas, una cifra alarmante que llevó a las autoridades a expandir el mencionado plan a toda la Región Metropolitana, medida tardía a todas luces. Esta respuesta reactiva pone en evidencia la falta de una estrategia preventiva robusta que aborde las raíces de la criminalidad y una falta de planificación que revela un nivel de improvisación inaceptable del gobierno.
Crímenes y cifras: La contradicción en la narrativa gubernamental
El informe señala que el aumento en homicidios ha alcanzado cifras que contradicen directamente los mensajes de éxito en seguridad divulgados por el gobierno. Los datos reales desnudan una dura verdad: las calles no son más seguras, y la ciudadanía sigue siendo víctima de una violencia que no existía en Chile y que no muestra signos de disminuir, sino todo lo contrario, tiende inequívocamente a aumentar.
El despliegue de operativos y la presencia policial intensificada no han logrado revertir la tendencia. Las cifras son claras: en el primer semestre del año 2024, 2.212 personas fueron víctimas de homicidios, con 140 casos solo en la Región Metropolitana. Esta realidad subraya la necesidad de no sólo de reevaluar las políticas de seguridad y sus mecanismos de implementación, sino de ponerse realmente a cargo para solucionar un problema que afecta todos los días a la gente de trabajo que es la que moviliza al País.
Ante esta alarmante situación, se requiere de un enfoque integral que no solo reaccione a los incidentes, sino que los prevenga de manera eficaz, mediante una planificación que hoy no existe. La colaboración interinstitucional, el fortalecimiento de los programas comunitarios y una mayor inversión en inteligencia policial, son pasos fundamentales para construir una estrategia de seguridad que realmente proteja a los ciudadanos. Pero sobretodo el ejecutivo debe implementar una política de tolerancia cero contra la delincuencia, atacándola desde sus raíces y eliminándola de una vez por todas.
En conclusión, los datos reales de homicidios en el primer semestre del año presentan un desafío directo y desmentido a los avances en seguridad anunciados por el gobierno. La disparidad entre las cifras oficiales y la realidad cotidiana de los ciudadanos exige una revisión profunda de las políticas actuales y un compromiso renovado, innovador y con resultados reales en materia de seguridad pública. Solo a través de un enfoque auténtico en contra de la delincuencia, comprometido con la gente de todos los días, se podrá restaurar la confianza en las instituciones y garantizar una verdadera protección para todos, para poder volver a salir de casa sin miedo a ser asaltado, robado, secuestrado, violado o asesinado por los delincuentes que actualmente están de fiesta por la ineptitud del Estado.
