Por En-Off
Con preocupación y molestia desde Agricultores Unidos manifestaron que la agricultura ha sido devastada por colusiones tácitas. Grandes empresas han manipulado precios y condiciones de mercado en detrimento de los productores, situación que ha llevado a una concentración de poder, marginando a quienes trabajan la tierra y sostienen la economía. Frente al rol de la oficina jurídica del ministro Luis Cordero, que defendió que no se penalizaran los delitos de colusión, los agricultores sostienen que esta postura ha permitido prácticas anticompetitivas y colusiones tácitas que destruyen a sectores productivos.
Preocupado y molesto. Esa es la sensación que expresaba la semana pasada, privadamente, el presidente de Agricultores Unidos, Camino Guzmán cuando le preguntamos por el denominado ‘Caso Hermosilla’.
Hoy, el novel pero poderoso gremio de agricultores hace pública a través de una declaración, su preocupación por «los recientes acontecimientos relacionados con el abogado Luis Hermosilla y los graves cargos que se le imputan en el marco del llamado «Caso Audio» o «Caso Hermosilla». Este caso, que ha sacudido los cimientos de la justicia y la ética en nuestro país, pone de manifiesto una red de corrupción y manipulación política que debe ser erradicada».
El comunicado agrega que «la implicación de figuras clave en el ámbito legal y político, como el propio (Luis) Hermosilla, quien ha sido vinculado a actividades ilícitas que incluyen el lavado de activos, soborno y delitos tributarios, es un claro reflejo de la crisis moral por la que atraviesa nuestra nación. Estos actos no solo afectan la confianza en nuestras instituciones, sino que también tienen un impacto directo en la vida de miles de ciudadanos que día a día luchan por un Chile más justo y equitativo«.
Para los agricultores, resulta alarmante «la evidencia de que estos hechos no son aislados. La conexión de Hermosilla con políticos y empresarios de alto perfil, así como su rol como operador político con resultados económicos, pone en tela de juicio la transparencia y la integridad de muchos procesos legales y económicos en los que ha participado».
Fuentes cercanas a Agricultores Unidos manifiestan «mucha inquietud» por «la revelación hecha por Juan Pablo Hermosilla», hermano y abogado de de Luis Hermosilla, sobre el rol de la oficina jurídica del actual ministro de Justicia, Luis Cordero. Según sus propias palabras, fue precisamente esta oficina la que «se me sentó al frente para oponerse a esto, sostener que no había que penalizar los delitos de colusión y que además no tenía que existir un delito no abogado.» Esta postura, en retrospectiva, ha permitido que prácticas anticompetitivas y colusiones tácitas continúen destruyendo sectores productivos clave, como la agricultura.
En su comunicado, AU expresa que «La agricultura ha sido devastada por estas colusiones tácitas, donde grandes empresas han manipulado precios y condiciones de mercado en detrimento de los pequeños y medianos agricultores. Esta situación ha llevado a una concentración de poder en pocas manos, marginando a quienes realmente trabajan la tierra y sostienen la economía local. Mientras, el sistema político ha hecho la vista gorda, permitiendo que estos abusos se perpetúen, la agricultura nacional ha sido erosionada, y con ella, la seguridad alimentaria del país».
Para el gremio de productores agrícola, «la justicia debe prevalecer, sin importar el poder o la influencia de los involucrados» y demandan una investigación exhaustiva y que se sancione a todos aquellos que «han participado en estos actos de corrupción y han contribuido a la destrucción del sector agrícola chileno».
Además, invita a «que la ciudadanía esté alerta y exija respuestas claras» en un caso que «no solo debe servir como una advertencia, sino también como un punto de inflexión para fortalecer la integridad de nuestras instituciones y garantizar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir».
Finalmente, los productores nacionales hacen un llamado «a todas las organizaciones y ciudadanos a unirse en la demanda por justicia y transparencia. Solo con un compromiso colectivo podremos construir un Chile donde la ética y el respeto por la ley sean pilares fundamentales».
