Por En-Off
La situación de Ángela Vivanco ha desatado una crisis en el sistema judicial chileno. La ministra de la Corte Suprema ha sido suspendida de sus funciones debido a su involucramiento en conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, que revelaron un posible tráfico de influencias para su nominación y la de otros jueces al tribunal, así como la eventual manipulación de decisiones judiciales en causas de interés personal. Además, la Fiscalía ha abierto una investigación en su contra por irregularidades en su gestión en la Corte Suprema, en particular, por el caso de la empresa bielorrusa Consorcio Belaz Movitec.
Este escándalo ha generado serias dudas sobre la transparencia en los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema. Si bien se ha expuesto públicamente cómo Ángela Vivanco llegó al máximo tribunal gracias a favores políticos y apoyo de figuras como el exministro del Interior Andrés Chadwick, no hay una claridad similar sobre los procesos que llevaron a otros ministros a sus cargos. Esta falta de transparencia no solo erosiona la confianza en el sistema judicial, sino que pone en entredicho su independencia.
En cuanto a los procedimientos de nombramiento, actualmente, los ministros de la Corte Suprema son seleccionados a partir de una quina elaborada por el propio tribunal, y luego el Presidente de la República elige un nombre, que debe ser ratificado por el Senado. Sin embargo, como el caso de Vivanco muestra, este proceso es vulnerable a interferencias políticas y a la falta de supervisión pública efectiva.
Es imperativo que se reforme el sistema de nombramientos para que sea verdaderamente transparente. La ciudadanía tiene derecho a saber no solo cómo llegan los jueces al máximo tribunal, sino también quiénes están detrás de las decisiones que influyen en sus nombramientos. De lo contrario, el riesgo es que el Poder Judicial siga siendo visto como una esfera opaca, manejada por intereses particulares más que por los principios de justicia y probidad.
El caso de Vivanco es solo la punta del iceberg; hay muchas preguntas sin respuesta sobre cómo otros ministros lograron sus puestos. La transparencia plena en estos procesos no solo es deseable, sino esencial para restaurar la confianza en una de las instituciones más importantes del Estado. Es hora de abrir el debate sobre una reforma judicial que garantice nombramientos justos y transparentes, sin la nefasta intervención de políticos manipuladores y sinvergüenzas.
