Por En-Off
El Ministerio Público está sumida en un torbellino de controversias. Las recientes declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia, han destapado una serie de reuniones con el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, quienes supuestamente buscaron influir en investigaciones de alto perfil, como el caso de Héctor Espinosa, exdirector de la Policía de Investigaciones, PDI.
Estas revelaciones han generado una tormenta política y jurídica, con diputados exigiendo la salida de Valencia. Pero más allá de las apariencias, surgen preguntas fundamentales: ¿Qué hay detrás de estas reuniones? ¿Es la Fiscalía realmente independiente o se inclina ante el poder político y económico?
Las reuniones secretas: lo que Valencia confesó
El fiscal Valencia ha admitido haber sostenido reuniones con Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick, exministro del Interior y estrecho colaborador del expresidente Sebastián Piñera. Según Valencia, Hermosilla habría solicitado hablar sobre el caso de Héctor Espinosa, una figura polémica, actualmente investigada por casos de corrupción durante su tiempo al frente de la PDI. Sin embargo, la transparencia de estas revelaciones por parte del fiscal contrasta con el contexto sombrío en el que se dieron. ¿Por qué un abogado tan cercano al poder político siente la libertad de solicitar una reunión con el fiscal nacional para hablar de un caso tan delicado? Y más aún, ¿por qué el fiscal accedió a mantener este encuentro?
El encuentro de Valencia con Hermosilla no es simplemente un acto administrativo. Se inscribe en un patrón de opacidad que ha caracterizado al Ministerio Público en los últimos años, donde los límites entre lo legal y lo ético se vuelven difusos. El fiscal nacional argumenta que se trata de una práctica usual para mantener una comunicación abierta con diversos actores. Pero, ¿cuánto de esta práctica es transparencia y cuánto es sumisión a intereses ajenos a la justicia?
La reacción política: diputados y el clamor por la salida de Valencia
El impacto de las revelaciones fue inmediato. Diputados de distintos sectores políticos pidieron la renuncia de Valencia, cuestionando su idoneidad para continuar al frente de la Fiscalía. Argumentan que, al recibir a Hermosilla y Chadwick, Valencia estaría minando la confianza en la independencia de la institución. Esta demanda, aunque predecible en un contexto tan politizado, no está exenta de hipocresía. Los mismos políticos que hoy exigen la cabeza de Valencia, muchas veces guardan silencio ante casos similares que involucran a actores de su propia coalición.
La crisis de credibilidad no es exclusiva del Ministerio Público, sino que refleja un problema estructural en la relación entre esta institución y la clase política. La solicitud de la salida de Valencia podría interpretarse como un intento de limpiar la imagen de la fiscalía, pero no se vislumbran propuestas concretas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. Se habla mucho de transparencia, pero poco de reformar un sistema que ha permitido que actores de peso muevan los hilos de la justicia a su conveniencia.
El Caso Espinosa: ¿justicia o maniobra política?
El caso de Héctor Espinosa es un episodio simbólico en la historia reciente de la corrupción en Chile. Como exdirector de la PDI, Espinosa ha sido acusado de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y otros delitos graves que revelan un modus operandi que, lamentablemente, no parece ser la excepción entre las cúpulas del poder. Pero la intervención de Hermosilla en este caso, a través de su acercamiento a Valencia, abre la posibilidad de que las influencias políticas traten de atenuar las repercusiones de este proceso judicial.
La verdadera pregunta es: ¿cuánto poder tienen realmente los fiscales para actuar con independencia? Valencia asegura que las reuniones no afectaron la imparcialidad de la investigación, pero es difícil creer que el peso de un abogado-operador tan influyente y de un exministro no tenga algún efecto en el curso de la justicia. En un país donde la percepción de impunidad es alta, este tipo de reuniones no solo siembran dudas, sino que erosionan la fe de la ciudadanía en las instituciones.
Sistema Judicial bajo sospecha
Las revelaciones del fiscal Valencia y la presión política que le ha seguido, dejan un panorama sombrío para la justicia chilena. En un momento en que el país enfrenta una serie de casos de corrupción que involucran a figuras de alto perfil, la independencia de la Fiscalía es más crucial que nunca. Sin embargo, las sombras de la influencia política y la falta de transparencia parecen socavar la legitimidad del sistema judicial en su conjunto.
No se trata solo de la figura de Ángel Valencia, ni de las presiones políticas que enfrenta. Es un problema más profundo, que pone en entredicho la capacidad del Ministerio Público para actuar sin estar subordinado a los intereses de aquellos que, históricamente, han estado acostumbrados a que la ley funcione de acuerdo con sus conveniencias. Y mientras las respuestas sigan siendo insuficientes, la pregunta seguirá latente: ¿quién vigila a los que deberían ser los garantes de la justicia?
