Por En-Off
El caso Procultura ha sacudido nuevamente la escena política y judicial, al destaparse una serie de irregularidades y presuntos delitos relacionados con la gestión de fondos públicos a través de convenios entre la ONG Procultura y diversos organismos estatales.
La fundación, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, ha sido investigada como parte del denominado Caso Convenios, una trama más amplia de presuntos fraudes y malversación de fondos en el ámbito de las fundaciones.
Esta investigación ha puesto de relieve irregularidades en la asignación de fondos públicos a través de convenios con entidades gubernamentales y ha suscitado sospechas de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida. El caso sigue creciendo, impactando incluso a figuras políticas como el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
Origen y desarrollo del caso
La investigación se centra en los millonarios convenios firmados por la Fundación ProCultura con gobiernos regionales y secretarías ministeriales en distintas regiones del país. }
En particular, la fundación habría cobrado sobreprecios en proyectos como la recuperación de fachadas en Antofagasta, donde los costos fueron muy superiores al valor de mercado. Además, se descubrieron contratos con empresas de reciente creación vinculadas a exfuncionarios públicos, que también levantaron alarmas por posibles conflictos de interés.
La situación se agravó cuando la Fiscalía, en allanamientos recientes, recuperó dispositivos electrónicos clave que habían sido reportados como desaparecidos, incluyendo servidores y computadoras con información sensible de la fundación. Estos dispositivos contendrían documentación que podría ser crucial para desentrañar la red de corrupción y determinar responsabilidades.
Los vínculos con Claudio Orrego
Una de las aristas más polémicas del Caso ProCultura involucra directamente a Claudio Orrego, quien fue señalado por la fiscalía como sujeto de interés en la investigación.
Orrego tiene una relación de larga data con Alberto Larraín, quien trabajó bajo su administración cuando el actual candidato a la reelección como gobernador, era alcalde de Peñalolén.
En junio de 2022, el gobernador Claudio Orrego promovió la incorporación de Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Regional y, solo semanas después, el Consejo Regional, presidido por Orrego, aprobó un convenio de $1.683 millones con ProCultura para el programa Quédate, destinado a la prevención del suicidio.
Lo que ha despertado mayores sospechas es que este convenio fue asignado directamente, sin licitación pública, lo que ha llevado a la fiscalía a investigar posibles delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco. A esto se suma el hecho de que Larraín habría recibido pagos irregulares a través de este convenio, cuyo monto total no coincide con las rendiciones de cuentas presentadas.
Claudio Orrego, por su parte, ha defendido la legalidad del programa y ha destacado los logros en la prevención del suicidio, aunque la investigación sigue su curso, con el gobernador señalado como ‘sujeto de interés’.
Un caso que refleja el alcance de la corrupción
El Caso ProCultura ha revelado cómo los lazos políticos y personales pueden influir en la asignación de recursos públicos. Desde sobreprecios hasta adjudicaciones directas sin licitación, este caso ha destapado las debilidades del sistema de control y fiscalización en la gestión de fondos estatales.
A medida que la investigación avanza, se espera que nuevas revelaciones salgan a la luz, poniendo en riesgo no solo la reputación de figuras políticas como Orrego, sino también el futuro de la administración pública chilena en su conjunto.
La investigación sigue siendo crucial para restaurar la confianza pública y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Con la atención mediática y judicial centrada en este caso, la transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos se mantienen en el centro del debate nacional, en un momento complejo, en el que las instituciones caen por el tobogán del desprestigio semana a semana, gracias a las actuaciones de los funcionarios que las componen.
