Por José Santelices.
La compra de 24 aviones militares en Perú ha sido descrita como una medida clave para reforzar la capacidad defensiva del país, pero también ha suscitado un acalorado debate por las circunstancias en las que se ha tomado esta decisión. La inversión, valorada en 3.500 millones de dólares, se hará en dos fases entre 2025 y 2026, a través de un endeudamiento interno. Los modelos de aviones en consideración incluyen el Rafale (Francia), el Gripen (Suecia) y el F-16 Block 70 (EE.UU.), aunque la decisión final aún no ha sido tomada.
El trasfondo de esta compra está en la larga historia de obsolescencia de la flota militar peruana. La Fuerza Aérea de Perú cuenta actualmente con una flota compuesta por Mirage 2000 y algunos MiG-29 y Sukhoi-27, en su mayoría inoperativos o en reserva debido a falta de mantenimiento. Esto ha dejado al país en una situación vulnerable ante posibles amenazas externas. Sin embargo, el último conflicto armado significativo que involucró a Perú fue con Ecuador en 1995, lo que ha llevado a algunos críticos a preguntarse si es realmente necesario destinar tantos recursos a una capacidad militar que no parece responder a una amenaza actual.
Además, existe un importante componente histórico y político en esta decisión. Las compras militares en Perú han estado plagadas de escándalos de corrupción, como ocurrió en la década de los 90 con las adquisiciones realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Las acusaciones de sobreprecios y contratos poco transparentes en esa época provocaron condenas a altos funcionarios. Este precedente genera desconfianza en sectores de la sociedad, que temen que esta nueva compra también pueda estar manchada por irregularidades.
Por otra parte, desde una perspectiva geopolítica, la adquisición de aviones de combate podría interpretarse como una señal de competencia militar con Chile, aunque esta noción es discutida. Las relaciones entre ambos países han sido estables en los últimos años y Chile ha logrado consolidar su fuerza aérea, lo que deja en claro que no existe una carrera armamentística inmediata en la región. Sin embargo, el gobierno peruano ha utilizado la «disuasión» como uno de los argumentos para justificar la compra, una narrativa que busca enfatizar la necesidad de una defensa robusta en un contexto regional más amplio.
A nivel interno, el gasto en aviones contrasta con los problemas de seguridad pública que aquejan a Perú, como el narcotráfico y la violencia criminal. Críticos de la adquisición argumentan que estos recursos podrían destinarse a fortalecer las fuerzas de seguridad y a mejorar las condiciones de vida en las regiones más afectadas por la delincuencia. Este enfoque subraya una división sobre las prioridades de la política de defensa, ya que, mientras algunos defienden la modernización militar, otros ven una desconexión con las necesidades más urgentes del país.
La compra de aviones por parte de Perú refleja una compleja interacción entre la modernización militar, la política interna y la percepción de amenazas externas. El debate sobre su conveniencia continuará mientras el país busca equilibrar sus prioridades de defensa con sus desafíos internos de seguridad.
