Por En-Off
En la quinta semana de octubre, la Encuesta Plaza Pública Cadem N°564 reveló que un 76% de los consultados desaprueba la gestión del gobierno en el contexto del «Caso Monsalve», con un 44% de los encuestados identificando al Presidente Gabriel Boric como el principal responsable de esta situación.
A pesar de esta percepción, un 32% de los encuestados considera que la figura más perjudicada por este caso ha sido la ministra del Interior, Carolina Tohá, seguida por la coalición oficialista, que ve afectado su desempeño electoral según un 30% de los participantes.
Entre los problemas más relevantes que los encuestados atribuyen a la gestión de la crisis, un 31% destaca un presunto intento de ocultar información por parte del gobierno, mientras que un 18% señala la existencia de versiones contradictorias entre ministros y un 15% considera que la inacción del Presidente Boric al no exigir la renuncia de Monsalve en el momento oportuno fue un error.
En cuanto a la aprobación general del Presidente Boric, los números reflejan estabilidad en el descontento, con un 68% de desaprobación y un 25% de aprobación, cifras que se mantienen constantes con respecto a la semana anterior.
En otro ámbito de la encuesta, se abordaron temas sobre el consentimiento en relaciones sexuales. Un 91% de los encuestados se mostró de acuerdo en que es necesario un consentimiento explícito, ya sea verbal o a través de actos, para mantener relaciones sexuales. Además, el 86% considera que, en ausencia de consentimiento, el acto debería ser calificado como agresión sexual y castigado por ley.
De manera categórica, los participantes expresaron su rechazo a prácticas como el suministro de drogas o alcohol a una persona sin su conocimiento para obtener favores sexuales (93%); el chantaje mediante la amenaza de difundir material íntimo (91%); el contacto físico sin consentimiento (75%); y la obligación de mantener relaciones dentro de la pareja (74%).
Estas cifras reflejan no solo una opinión crítica respecto a la gestión del gobierno en temas de transparencia, sino también un fuerte consenso en la sociedad chilena respecto a la importancia de respetar el consentimiento y sancionar conductas abusivas.
