Por Marcelo Soto
Una ONG de poca monta, alineada con una diputada bien «especial», ha intentado levantar una polémica ordinaria, que denota ignorancia absoluta y mala fe, alrededor de la venta de las tierras de Chilterra. Ver los esfuerzos por ensuciar un proyecto tan importante, bien podrían inspirar el guión de un capítulo de la serie Yellowstone, donde extensos territorios se ven envueltos en conflictos de poder e intereses encubiertos.
A la ONG y a la diputada no las vamos a nombrar para no ayudar a difundir un mensaje rasca y de alcance limitado. Sólo vamos a precisar que la confusión conceptual y las prerrogativas que se atribuyen son penosas, al menos en el caso de la diputada. Uno la escucha y entiende por qué nuestro sistema político naufraga. Con parlamentarios de ese nivel no hay institución que aguante. Pero eso es harina de otro costal.
En este caso, una empresa con capitales chilenos y extranjeros ha intentado llevar a cabo una venta que, al parecer, ha tocado sensibilidades en ciertas esferas. La pregunta es inevitable: ¿por qué algunos sienten que tienen el derecho exclusivo de vender tierras a comunidades mapuches a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, y otros no?
Para arrojar algo de luz sobre esta situación, se ha solicitado a través de la Ley de Transparencia la lista completa de compras de tierras realizadas a través de CONADI en los últimos años en las regiones de La Araucanía, de Los Ríos, y de Los Lagos. Esto permitirá ver quiénes han podido vender sin mayor revuelo y cuáles se han encontrado en el centro de la controversia.
Recientemente, la familia del exdiputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, vendió tierras vía CONADI en La Araucanía, sin que se levantara ninguna polémica. Entonces, ¿por qué en este caso particular se cuestiona el derecho de Chilterra a vender sus tierras? ¿Por qué este grupo no puede hacer lo mismo? La diferencia resulta llamativa y lleva a reflexionar sobre las posibles motivaciones detrás de esta disparidad de criterios.
Además, cabe preguntarse si el problema real es quién vende o qué se vende. ¿Acaso algunos prefieren que las tierras de alto valor, bien equipadas y con potencial productivo, no pasen a manos de las comunidades mapuches? Tal vez se prefiere que estos territorios queden en manos de unos pocos, mientras las tierras marginales, agotadas y sin futuro, son las que se terminan ofreciendo a quienes menos tienen.
El caso de Chilterra nos deja ante un escenario de intereses en conflicto y pone en tela de juicio las verdaderas razones detrás de esta polémica. ¿Es una cuestión de justicia, o simplemente una estrategia para concentrar las tierras más valiosas? La transparencia en las transacciones y el acceso a la información serán clave para develar si esta historia es solo una venta de tierras o si, como en Yellowstone, es una disputa por el control de territorios estratégicos que algunos prefieren acaparar.
