Por Marcelo Soto.
La propuesta de la Comisión Presidencial Para la Paz y el Entendimiento de destinar 4.000 millones de dólares para adquirir tierras, muchas de ellas forestales degradadas, ha encendido las alarmas en el mundo agrícola. Expertos advierten que, sin un plan de desarrollo productivo, esta medida no solo encarecerá la tierra cultivable, sino que amenaza con profundizar la pérdida de soberanía alimentaria en Chile.
La propuesta de comprar 240 mil hectáreas de tierras, en el marco de una política de restitución para comunidades indígenas, ha provocado una creciente controversia en el sector agrícola. El problema no es el objetivo en sí, sino las condiciones y consecuencias del tipo de tierra que se pretende adquirir: grandes extensiones de suelos forestales plantados con pino y eucaliptus, empobrecidos tras décadas de explotación intensiva.
Según las proyecciones oficiales, la iniciativa demandará una inversión de al menos 4.000 millones de dólares. Sin embargo, este masivo ingreso de recursos al mercado de tierras provocará —según analistas del sector— una distorsión de precios sin precedentes, afectando a los agricultores tradicionales que ya enfrentan una severa falta de rentabilidad.
“Con esta política, la tierra productiva quedará fuera del alcance de quienes realmente la hacen producir”, advierte un dirigente gremial del sur quien agrega que “será un golpe letal para la agricultura familiar campesina”.
Suelos degradados, sin agua y sin futuro
Más allá del efecto sobre el mercado, lo más crítico es la calidad de los terrenos a adquirir. Se trata de tierras degradadas, muchas de ellas con altos niveles de acidez, deforestadas, con poca materia orgánica, sin acceso a agua potable ni infraestructura mínima. En muchas de estas zonas, las familias son abastecidas mediante camiones aljibe.
Estudios realizados en Nueva Zelanda —referencia internacional en manejo de suelos forestales reconvertidos— estiman que recuperar estas tierras para uso agrícola puede costar entre 8.000 y 15.600 dólares por hectárea, considerando limpieza, extracción de raíces, corrección química, fertilización, drenaje y mejora estructural.
Y aún con todo ese esfuerzo, los mismos estudios revelan que pueden pasar años antes de alcanzar una productividad razonable. “Sin planificación adecuada, estas tierras corren el riesgo de quedar improductivas. Lo único que se logrará es convertir zonas rurales ya vulnerables en focos permanentes de pobreza”, señala un agrónomo que ha trabajado en procesos similares.
Tierra sin plan: una receta conocida
La crítica más grave, sin embargo, apunta a la ausencia de un plan de desarrollo productivo asociado. No hay mención de programas de capacitación, asistencia técnica ni inversión en infraestructura de riego o caminos. La historia reciente ofrece un precedente poco alentador: gran parte de las tierras que ha adquirido la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en las últimas décadas no produce alimentos ni está integrada al circuito agrícola. La tierra comprada queda abandonada o subutilizada.
“El Estado compra, entrega, y desaparece”, lamenta un académico especializado en desarrollo rural. “Así, lo que pudo ser una solución se transforma en un nuevo problema estructural”.
¿Y la seguridad alimentaria?
Chile ya importa más del 70% de sus alimentos básicos. En ese contexto, las decisiones en torno al uso y destino del suelo agrícola deben ser estratégicas. La entrega de tierras sin condiciones para la producción agrícola, sin inversión paralela, sin planes técnicos ni acompañamiento, va en contra de cualquier lógica de soberanía alimentaria.
Lejos de fortalecer el mundo rural, este plan —tal como está diseñado— amenaza con debilitarlo aún más. No solo por el tipo de tierras que se están comprando, sino por la falta total de un modelo de desarrollo que las sustente. La tierra, por sí sola, no garantiza justicia ni producción. Y menos aún, futuro.
