Por José Santelices
De Cuba a Venezuela, pasando por México, Colombia y Bolivia, diversos gobiernos de izquierda han sido señalados por su relación con redes de narcotráfico. La historia regional muestra cómo el crimen organizado puede penetrar la política, y por qué Chile debe prestar atención.
Durante más de cuatro décadas, los vínculos entre ciertos gobiernos latinoamericanos y el narcotráfico han dejado huellas profundas en la política de la región.
Investigaciones judiciales y periodísticas revelan una red de intereses donde la ideología se mezcla con el crimen organizado, creando lo que algunos analistas llaman “narcoestados”.
Cuba: el antecedente histórico
En los años 80, el régimen de Fidel y Raúl Castro se vio salpicado por acusaciones de colaboración con el Cartel de Medellín.
Testimonios de ex sicarios como John Jairo Velásquez, alias “Popeye”, describen vuelos cargados con hasta 12.000 kilos de cocaína que hacían escala en la isla rumbo a Estados Unidos.
La “Causa Número 1” de 1989, que terminó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, marcó la primera gran exposición de un aparato estatal vinculado al tráfico de drogas en América Latina.
Venezuela: el Cartel de los Soles
En la actualidad, el epicentro del narco‑poder se encuentra en Venezuela.
Según investigaciones del New Herald y documentos de Transparencia Venezuela, desde ese país salen entre 250 y 350 toneladas métricas de cocaína al año, con un valor estimado de hasta US$8.750 millones.
La red conocida como Cartel de los Soles, integrada por altos mandos militares, es señalada como responsable de operar estas rutas. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello figuran en múltiples reportes internacionales como actores centrales de este entramado.
México, Colombia y Bolivia: política bajo sospecha
En México, la relación entre política y narco ha sido objeto de constantes cuestionamientos.
La reunión de Andrés Manuel López Obrador con la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán y las investigaciones de la DEA sobre aportes del Cartel de Sinaloa a su campaña presidencial de 2006 han dejado un manto de sospecha, aunque nunca derivaron en un proceso judicial formal contra el presidente.
Colombia enfrenta su propio dilema. Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue procesado por recibir dinero del narcotráfico para financiar la campaña electoral. Mientras tanto, el país sigue siendo el primer productor mundial de cocaína, según la ONU.
Bolivia, bajo el liderazgo de Evo Morales, también ha sido señalada como un país donde proliferaron laboratorios y pistas clandestinas para la salida de cocaína, presuntamente con destino a los carteles mexicanos.
Chile frente al espejo: lecciones de una región capturada
Aunque el análisis sobre narcoestados suele centrarse en países como Venezuela, México o Bolivia, las señales de alerta también interpelan directamente a Chile. No se trata de replicar sus historias, sino de entender cómo esos procesos comenzaron, cómo se consolidaron y, lo más relevante, qué errores no debemos repetir.
1. El narcotráfico entra por las grietas institucionales
La experiencia regional demuestra que el narco no se instala a la fuerza, sino por donde el Estado cede terreno: jueces permeables, policías debilitadas, fiscalías sin recursos o gobiernos sin control ciudadano.
Cada omisión, cada negligencia, es una puerta abierta.
2. Cuando la ideología se transforma en coartada
El discurso político puede servir como blindaje. En varios países, el relato antiimperialista o identitario ha sido usado para justificar alianzas con actores narco o relativizar su impacto.
Chile debe evitar ese camino: ninguna causa social o cultural justifica pactar con el crimen organizado.
3. Los partidos políticos no son inocentes
En América Latina, los vínculos entre crimen organizado, narcotráfico y estructuras partidarias no son excepción.
Cuando partidos como el PSUV o el MAS fueron cuestionados por proteger redes narco, ya era demasiado tarde. En nuestro país es legítimo exigir que partidos con afinidades ideológicas internacionales rindan cuentas por sus alianzas.
4. La impunidad es el terreno fértil del narco
Ningún narco florece sin protección institucional. El problema no es solo el crimen organizado, sino su convivencia con el poder. Lo que comienza como omisión, termina como complicidad.
5. El crimen organizado avanza desde la periferia
El patrón es claro: primero los barrios vulnerables, «los territorios», en jerga delictual. Luego, los municipios más pobres, y finalmente los centros de poder.
En Chile, comunas del norte, del sur y de la periferia metropolitana ya exhiben rasgos preocupantes. Si no se responde a tiempo, el Estado retrocede.
6. El combate también es simbólico y cultural
Cuando el narco se convierte en mecenas, benefactor o protector, el Estado pierde autoridad moral.
La batalla es también por el relato. Hay que evitar la romantización del delito y del delincuente y reforzar una ética pública que no negocia con el crimen.
¿Y si no aprendemos?
Chile no está condenado a repetir la historia de otros países. Pero tampoco está vacunado contra ella. Ignorar las lecciones de la región sería una forma brutal de autodestrucción.
La frontera entre política y crimen organizado no se cruza de un salto: se cruza a punta de silencios, complicidades y omisiones.
Hoy, el desafío no es solo prevenir el narco, sino evitar que se vuelva poder.
