Por Marcelo Soto | ANÁLISIS
Las diversas propuestas programáticas esbozadas por la candidata comunista Jeanette Jara propone un modelo de país guiado por la demanda interna, con una fuerte intervención estatal en la economía y un énfasis en la redistribución de la riqueza mediante un aumento significativo del gasto público y de la carga tributaria a los sectores de mayores ingresos.
A primera vista, se presenta como un proyecto de “justicia social” y “prosperidad compartida”; sin embargo, sus fundamentos económicos se basan en fórmulas cuya efectividad ha sido cuestionada repetidamente por la evidencia histórica y comparada.
Intervencionismo estatal: lecciones del pasado
El plan contempla el incremento sostenido del salario mínimo, mayor regulación de mercados, una política fiscal orientada a subir impuestos a empresas y altos ingresos, y la ampliación del control estatal sobre sectores estratégicos.
La experiencia internacional muestra riesgos claros: en Venezuela, entre 2005 y 2014, la nacionalización masiva de sectores estratégicos, control de precios y subsidios generalizados generó una contracción acumulada del PIB de más del 70%, según datos del Banco Mundial, y colapso productivo generalizado. En Argentina, entre 2012 y 2015, la estatización de YPF y controles de divisas impulsaron una inflación anual sobre el 30% y fuerte una caída de la inversión extranjera.
Aunque hay excepciones de gestión estatal eficiente, como Noruega en el petróleo, estas se han sustentado en independencia institucional, reglas claras y apertura a capital privado, algo que el programa de Jara no plantea.
Control estatal del litio y el cobre: de la hegemonía a la monopolización
El plan de Jeannette Jara, indudablemente incluye “nacionalizar” el litio y el cobre, aunque ambos ya cuentan con control estatal significativo lo que implicaría que están «nacionalizados. En el cobre, Codelco, empresa 100% pública, es el mayor productor mundial, y la propiedad de todos los yacimientos es del Estado, que otorga concesiones a privados bajo regulación. En el litio, la ley lo declara mineral no concesionable: solo el Estado puede explotarlo directamente o mediante contratos especiales, como los que hoy tienen SQM y Albemarle con CORFO.
Más que una nacionalización clásica, la propuesta implicaría reducir o eliminar la participación privada, consolidando un monopolio estatal de facto.
La evidencia internacional indica que, sin contrapesos de eficiencia, gestión técnica y transparencia, este tipo de concentración tiende a traducirse en menor productividad, menos inversión y captura política de los recursos estratégicos.
El riesgo de depender solo de la demanda interna
Modelos que privilegian el consumo interno como motor principal, sin mejoras paralelas en productividad, suelen derivar en inflación y déficit fiscal. Es, por ejemplo, lo que pasó en Brasil (2011-2014): los estímulos al consumo financiados con gasto público y crédito subsidiado generaron un repunte temporal del PIB, pero el déficit fiscal llegó al 10% del PIB en 2015, desembocando en recesión. Un desastre.
En contraste, países como Irlanda, Singapur o Corea del Sur han logrado crecimientos sostenidos gracias a la apertura comercial, atracción de inversión extranjera, carga tributaria competitiva y fomento de la innovación.
Política tributaria: inversión vs. recaudación
Elevar impuestos a empresas y altos ingresos como principal fuente de financiamiento ignora que:
- Chile ya tiene una tasa corporativa del 27%, superior al promedio OCDE en economías de similar tamaño.
- Según el Banco Mundial, aumentos de un punto porcentual en impuestos corporativos reducen la inversión privada en alrededor de 2% si no van acompañados de reformas pro-productividad.
Empleo y salarios: la trampa de la rigidez
Subir el sueldo mínimo sin un plan robusto de productividad puede generar efectos indeseados. Un reporte de la OIT de 2021 sostiene que incrementos del salario mínimo por sobre la productividad laboral aumentan la informalidad y reducen el empleo formal, afectando sobre todo a jóvenes y pymes. Una realidad indesmentible.
Otro dato: en Chile, entre 2014 y 2017, el alza del sueldo mínimo coincidió con una caída en la participación laboral formal del 72% al 68% (INE).
6. Lo que Chile sí necesita
En lugar de replicar modelos que han fracasado en múltiples contextos, el país requiere un plan que:
- Fomente la libertad de emprender y elimine trabas regulatorias innecesarias.
- Atraiga inversión extranjera con estabilidad tributaria, seguridad jurídica y baja burocracia.
- Reduzca impuestos distorsionantes y simplifique el sistema tributario.
- Potencie la competencia y la innovación como ejes del desarrollo.
- Persiga las distorsiones de mercado.
La prosperidad sostenible no surge de la redistribución forzada, sino de ampliar la base productiva. El desafío no es repartir la misma torta, sino hacerla crecer: más inversión, más innovación y más productividad. Más mercado, pero sin distorsiones y con una cancha pareja en la que todos puedan competir en igualdad de condiciones.
