Por En-Off | ECONOMÍA
El Gobierno impulsa un paquete de cambios orientado a dinamizar la inversión y simplificar el sistema, pero el costo en recaudación y el timing económico abren interrogantes sobre su sostenibilidad.
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El plan tributario del Gobierno de José Antonio Kast marca un cambio de énfasis en la política fiscal, aunque sin alterar completamente la estructura del sistema. No se trata de una reforma integral, sino de un conjunto de ajustes que apuntan en una dirección clara: reducir ciertas cargas, incentivar la inversión y simplificar un esquema que en los últimos años se volvió más complejo.
La señal es nítida. La Moneda apuesta por activar la economía desde la oferta, bajo la premisa de que menores fricciones tributarias pueden traducirse en más inversión y, con ello, en mayor crecimiento. En ese marco, el diseño del paquete favorece especialmente a empresas con capacidad de reinversión y a contribuyentes que operan en tramos medios y altos, en la lógica de que son esos actores los que pueden reaccionar más rápido ante incentivos económicos.
Pero esa misma lógica abre el principal flanco del plan. Las rebajas y ajustes implican, al menos en el corto plazo, una merma en la recaudación fiscal. El Gobierno confía en que ese efecto se compense con una economía más dinámica, capaz de ampliar la base tributaria y recuperar parte de los ingresos perdidos. El problema es que ese proceso no es inmediato ni está asegurado, especialmente en un escenario donde la recuperación económica aún no termina de consolidarse y el entorno internacional sigue marcado por la incertidumbre.
Ahí es donde el debate deja de ser técnico y adquiere un carácter estratégico. La discusión no gira únicamente en torno a la conveniencia de reducir impuestos o incentivar la inversión, sino en torno al equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad fiscal. En otras palabras, cuánto margen tiene el Estado para resignar ingresos hoy en función de un efecto que podría materializarse recién en el mediano plazo.
El componente político tampoco es menor. El plan se inscribe en una narrativa que busca marcar distancia con la administración de Gabriel Boric, instalando un enfoque distinto en materia tributaria y de crecimiento. Eso eleva el nivel de exposición del paquete, porque lo convierte no solo en una herramienta económica, sino en una señal sobre el rumbo que el Gobierno quiere imprimirle a la economía.
En ese contexto, la efectividad de las medidas dependerá menos de su formulación técnica que de su capacidad para activar decisiones de inversión en un entorno todavía frágil. Si ese impulso se concreta, el costo fiscal inicial podría diluirse en una mayor actividad económica. Si no ocurre, la presión sobre las cuentas públicas se mantendrá, abriendo un nuevo frente de tensión para el Ejecutivo.
El Gobierno, en definitiva, está apostando a que un sistema tributario más liviano puede convertirse en un motor de crecimiento. Pero en el escenario actual, esa apuesta se mueve en un terreno donde las certezas son escasas y los resultados, necesariamente, diferidos.
