Por Hero Negrón Schlotterbach | OPINIÓN
General (r) de Carabineros
Magíster en Gestión de RR.HH.
La pérdida de personal ya formado por el Estado también afecta la capacidad preventiva de Carabineros y abre una discusión pendiente sobre retención de capital humano en seguridad pública.
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En seguridad pública, la discusión suele concentrarse en la falta de dotación policial, en la presencia de Carabineros en la calle o en las prioridades institucionales que anuncia la autoridad. Sin embargo, hay un ángulo menos visible y probablemente más estructural: la pérdida de capital humano ya formado por el propio Estado.
Tratándose de gestión de personas, los costos hundidos corresponden a aquellas inversiones que una organización realiza en selección, formación, capacitación, entrenamiento y desarrollo de su personal, pero que no logra recuperar cuando ese trabajador abandona prematuramente la institución. En esos casos, la inversión ya fue realizada, pero no alcanza a generar el retorno esperado.
Ese problema también existe en la seguridad pública.
Durante años, la Administración del Estado ha carecido de una mirada suficientemente estratégica sobre el capital humano en las instituciones encargadas de la seguridad. La creación del Ministerio de Seguridad Pública abrió una oportunidad para corregir esa debilidad, incorporando una visión moderna sobre dotación, permanencia, carrera funcionaria, bienestar institucional y retención de personal.
Sin embargo, hasta ahora el debate público ha estado más concentrado en anuncios, prioridades comunicacionales y nuevas estructuras administrativas que en una pregunta de fondo: cómo se gestionará la escasez real de personal policial en la calle.
En el organigrama de las dos subsecretarías del Ministerio de Seguridad Pública se observan unidades vinculadas a género y participación ciudadana, materias relevantes en cualquier política pública contemporánea. Pero en la propuesta técnica no aparece con la misma fuerza una estrategia específica para enfrentar la pérdida de personal operativo, particularmente en Carabineros de Chile.
Ese punto es clave.
Pocos saben que, entre los años 2011 y 2020, Carabineros registró aproximadamente 5.600 renuncias de personal de fila de Orden y Seguridad que no alcanzaba los 20 años de servicio y, por lo tanto, no tenía derecho a pensión de retiro. Cada una de esas salidas anticipadas representa una pérdida para la institución, pero también para el Estado empleador, que invirtió recursos públicos en seleccionar, formar y capacitar a funcionarios que no completaron su ciclo profesional.
En términos simples, esa inversión se hundió.
El problema no es solo financiero. También es operativo. Cuando un funcionario formado abandona anticipadamente la institución, no se pierde únicamente el gasto asociado a su formación inicial. Se pierde experiencia, conocimiento territorial, capacidad preventiva, disciplina institucional y años potenciales de servicio en beneficio de la comunidad.
Por eso, la escasez de carabineros en la calle no debiera abordarse únicamente aumentando ingresos o anunciando nuevas promociones. También es necesario estudiar por qué parte del personal se va antes de tiempo y qué medidas permitirían retenerlo hasta completar su carrera.
Una política seria de seguridad pública debiera incorporar una estrategia de retención de capital humano. Eso supone identificar las causas de las renuncias anticipadas, revisar condiciones laborales, analizar incentivos de permanencia, fortalecer el acompañamiento institucional y proyectar carreras que permitan que el personal cumpla no solo 20 años de servicio, sino idealmente 30 o incluso 35 años, como permite el marco legal.
La seguridad pública no se fortalece solo con nuevos ministerios, nuevos organigramas o nuevas campañas comunicacionales. También se fortalece cuidando el capital humano que el Estado ya formó.
Si Chile quiere más presencia policial preventiva, necesita mirar con seriedad el ciclo completo de la carrera funcionaria. Formar carabineros es indispensable. Retenerlos también.
