Por Renée Rivero, abogada | OPINIÓN
La Universidad de Chile tiene una tradición jurídica que es memoria y, también, futuro de nuestra República. El desafío actual es fortalecer su incidencia en las transformaciones sociales a través de nuestro quehacer y modernizar la formación de los profesionales que el país necesita.
A lo largo de su historia republicana, la Escuela de Derecho ha sido un actor central en la construcción institucional del país. Sin embargo, el entorno ha cambiado. La educación superior enfrenta nuevas tensiones, el sistema jurídico vive transformaciones profundas y la inteligencia artificial está redefiniendo el ejercicio profesional, abriendo además dilemas éticos que desafían a abogados, jueces y académicos. A esto se suma una distancia creciente entre la producción académica y las necesidades concretas del país.
Hoy no basta con resguardar la tradición ni con adaptarse parcialmente a los cambios. El desafío es más exigente: consolidar la presencia de la Escuela en el centro del debate público, como un espacio que piensa, propone e incide.
Eso exige decisiones concretas: modernizar la formación jurídica, integrar la inteligencia artificial en el proceso formativo, revisar críticamente las mallas curriculares y fortalecer un postgrado de vanguardia y competitivo a nivel internacional. Pero, sobre todo, implica reconectar el trabajo académico con el Estado, la sociedad civil y el sistema de justicia.
La Escuela debe volver a ser un actor relevante en la modernización del Estado.
Este desafío no es solo programático, es institucional. Requiere fortalecer la gobernanza, modernizar la gestión y mejorar las condiciones para el desarrollo académico, construyendo una comunidad basada en el respeto, el pluralismo y la deliberación.
La Escuela tiene las capacidades, el capital humano y una historia que la obliga. El desafío no es solo adaptarse al futuro, sino liderarlo desde el Derecho, con excelencia académica, innovación y un compromiso inquebrantable con lo público.
