Por José Santelices | ANÁLISIS
En entrevista concedida a T13 Radio, Jaime Campos dejó más dudas que certezas. Al aceptar sin contraste la versión de Iansa, el ministro transformó una decisión empresarial en destino inevitable para cientos de productores.
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Una entrevista que dejó más dudas que respuestas
Hace pocos días, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, concedió una entrevista en T13 Radio sobre el cierre de la cadena remolachera de Iansa, una decisión que dejó sin contrato a cientos de productores tras más de 70 años de operación.
La entrevista fue breve, pero suficiente para condensar un cuadro inquietante: lo que dice la autoridad no es solo desafortunado en el tono. Es técnicamente errado en cinco frentes, y los cinco apuntan a un problema mayor: el Ministerio parece estar administrando la salida de una cadena productiva, no defendiéndola.
Existe en la literatura un fenómeno conocido como efecto Dunning-Kruger: cuando una persona carece del conocimiento técnico de un dominio, suele desconocer también la magnitud de aquello que ignora. Por eso puede pronunciar con seguridad afirmaciones que un especialista identificaría de inmediato como equivocadas.
Esta entrevista se acerca demasiado a ese caso.
Primer error: decir que la caña “ganó”
El ministro afirma: “En el concierto internacional, la batalla la ganó el azúcar de caña, puesto que tiene indicadores de producción mayores, son más competitivos”.
La frase tiene un problema fáctico inmediato. La Unión Europea sigue siendo el principal bastión mundial del azúcar de remolacha: produce cerca de la mitad del azúcar de remolacha del mundo. Países como Francia, Alemania, Polonia o Países Bajos no dieron por perdida esa “batalla”. La sostienen con política agrícola.
La batalla no la ganó simplemente la caña. La perdió Chile.
Y la perdió, entre otras razones, porque el Estado renunció hace tiempo a tratar ciertas cadenas agrícolas como estratégicas. El Gobierno y el Congreso, durmiendo el sueño de los justos.
Segundo error: llamar competitividad a una cancha desnivelada
El error más grave está en la palabra “competitividad”. La caña internacional que el ministro presenta como vencedora no compite en una cancha limpia.
Primero, porque en países como Brasil la cadena caña-azúcar ha contado con financiamiento público, instrumentos estatales, programas sectoriales y mecanismos como RenovaBio, que remunera la reducción de emisiones asociada a los biocombustibles.
Dicho simple: la “competitividad” brasileña no es solo eficiencia privada. También es política pública.
Segundo, porque una parte de esa competitividad convive con condiciones laborales que ningún país serio debería normalizar. Según el Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo del Ministério Público del Trabajo do Brasil y la OIT, entre 1995 y 2022 fueron rescatadas 60.251 personas en condiciones análogas a la esclavitud en dicho país.
En 2023, la caña de azúcar fue el segundo sector con más trabajadores rescatados: 258 personas.
En Guatemala, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos incluye la caña de azúcar en su lista de bienes producidos con trabajo infantil.
Entonces, cuando el ministro dice que “la caña ganó”, está describiendo un mercado donde algunos actores compiten con escala, subsidios y, en ciertos casos, condiciones laborales incompatibles con estándares mínimos de trabajo decente.
Competir en esos términos exigiría que Chile aceptara subsidios cruzados y degradación laboral como si fueran ventajas naturales. Eso no es realismo económico. Es una carrera hacia el fondo.
Tercer error: creerle a Iansa sin contrastar
Sobre Iansa, el ministro dice: “Por lo que ha indicado Iansa, y no tengo por qué dudar de lo que ellos dicen, la producción nacional dejó de ser competitiva”.
Esa frase debería preocupar más que cualquier declaración altisonante. El Ministerio de Agricultura acepta como verdad la lectura del actor dominante de la cadena, sin contraste público, sin auditoría sectorial y sin una evaluación independiente sobre costos, precios, márgenes o alternativas.
Pero la función primaria del Estado frente a un actor concentrado no es creer. Es verificar.
Cuando un ministro de Agricultura dice que no tiene por qué dudar de la empresa que acaba de dejar sin horizonte a una cadena productiva, no está haciendo prudencia institucional. Está renunciando a fiscalizar.
Y esa renuncia tiene consecuencias: desplaza el problema desde la empresa y la política pública hacia los agricultores, que aparecen como los únicos obligados a adaptarse.
Cuarto error: presentar la política agrícola como ciencia ficción
El ministro también sostiene: “Es muy difícil, salvo que haya existido un cambio copernicano en la realidad nacional y mundial, que volvamos a tener producción nacional”.
La frase asume que los instrumentos para sostener cadenas agrícolas son una rareza. Y no lo son.
Estados Unidos regula mercados agrícolas estratégicos desde hace décadas. La Unión Europea sostiene su producción con la Política Agrícola Común desde 1962. Nueva Zelanda regula inversión extranjera en activos sensibles. Argentina utiliza precios de referencia y mecanismos de paridad para distintas cadenas.
El “cambio copernicano” que el ministro trata como imposible es, en realidad, política agrícola estándar.
La pregunta no es si existen herramientas, porque existen. La pregunta es si Chile quiere usarlas o si prefiere mirar cómo desaparece una cadena completa mientras llama “mercado” a una decisión empresarial.
Quinto error: convertir la reconversión en rendición
El ministro cierra diciendo que los productores “obviamente van a estar obligados a hacerlo, a reconvertirse”, y que el Estado les ofrecerá “algunos eventuales apoyos que siempre les hemos proporcionado”.
La fórmula es reveladora. El productor queda obligado a salir. El Estado queda disponible para acompañar la salida. La empresa queda prácticamente fuera del centro del problema.
Eso no es política agrícola. Es administración del daño.
Un Ministerio de Agricultura serio no puede limitarse a gestionar la reconversión de quienes quedan fuera del negocio. Debe preguntarse antes si esa salida era inevitable, si hubo alternativas, si la empresa cumplió un rol proporcional al apoyo histórico recibido y si el país puede darse el lujo de perder producción nacional de azúcar sin siquiera dar una discusión estratégica.
Porque esto no trata solo de remolacha. Trata de soberanía productiva, de regiones, de empleo agrícola, de dependencia importadora y de la capacidad del Estado para no enterarse tarde de decisiones que destruyen cadenas completas.
Una conclusión incómoda
Los cinco errores no son matices ni simples desacuerdos técnicos. Son piezas de un mismo cuadro.
El ministro habla del “concierto internacional” sin distinguir entre eficiencia, subsidios y condiciones laborales. Habla de “competitividad” como si todos compitieran bajo las mismas reglas. Habla de un “cambio copernicano” como si la política agrícola moderna no existiera. Y habla de reconversión como si el cierre de una cadena fuera un fenómeno natural.
El problema no es que Chile haya perdido una batalla inevitable frente al azúcar de caña. El problema es que el ministro parece dispuesto a declararla perdida antes de examinar las reglas del juego.
Y cuando el Ministerio de Agricultura confunde realismo con resignación, el daño no lo paga el ministro. Lo pagan los productores, las regiones y el país que se queda sin una cadena productiva más.
