Por Claudia Awad, abogada | OPINIÓN
La amenaza opositora de usar miles de indicaciones contra el proyecto de reconstrucción abre una discusión mayor: si los damnificados terminarán convertidos en campo de batalla político.
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La presentación del proyecto de reconstrucción del Gobierno de José Antonio Kast encendió todas las alarmas. Para los damnificados, una luz de esperanza. Para la oposición, una bandera roja. La amenaza de presentar miles de indicaciones al proyecto no tardó en aparecer.
El problema no es que la oposición se oponga —fiscalizar es su rol— sino cómo lo hace y con qué fin. Presentar indicaciones, e incluso intentar frenar un proyecto usando los mecanismos establecidos, es legal. El asunto es si la intención es legítima. Querer mejorar una ley es lo que debería ocurrir en el Congreso, en beneficio de los ciudadanos. Pero si la intención es entrampar al gobierno para perjudicarlo y situar a la oposición como alternativa victoriosa, estamos hablando de algo distinto: una intención inmoral e ilegítima.
El diputado Jaime Araya (ind-PPD) no dejó margen para la interpretación cuando declaró: «Podemos ir desclasificando las estrategias con las que vamos a enfrentar el infierno que le vamos a armar al Gobierno». La intención quedó explícita: causar daño al Gobierno sin considerar el perjuicio a los ciudadanos que esperan una solución.
Cuando el plan de la oposición es sabotear todo lo que haga un gobierno, independiente de si eso beneficia o no a las personas, no estamos hablando solo de mezquindad política o pequeñez humana. Aunque nada de eso está descartado. Estamos hablando de algo más profundo, que se encuentra en el ámbito de las creencias y de para qué se está en política.
Participar en política debería estar orientado por el servicio público, por la vocación de servir a los demás y querer hacerlo bien. Sin embargo, lo que revelan estos actos —planificados estratégicamente y declarados sin pudor— no tiene nada que ver con altos ideales. Tiene que ver con querer que al otro le vaya mal para que a ellos les vaya bien.
No solo se justifica cualquier medio, perjudique a quien perjudique, con tal de eliminar al adversario. Se busca activamente hacer el mal. ¿Para qué? Si ellos mismos son tuertos, les conviene que el resto sea ciego. Así construyen una ventaja que no nace de su propia valía sino de la destrucción del otro.
Una ventaja personal y para su partido porque el partido es la estructura que les permite seguir vigentes. No por honor. Por interés.
¿Por qué se desnaturaliza así la política? ¿Por qué alguien buscaría los votos de personas a las que luego perjudicará, para después volver a pedirles el voto? ¿Cuál es el sentido de esa incongruencia? Solo tiene lógica desde una creencia: que la política es una guerra, y que en la guerra hay amigos y enemigos. Y al enemigo no se le sirve. Se le destruye.
El problema es que, en esa guerra, los ciudadanos no son aliados ni enemigos. Son el campo de batalla. El territorio que se pisa, se usa y se abandona cuando la batalla termina. Nadie les pregunta si quieren ser parte del conflicto. Nadie les pide permiso para convertir su necesidad en munición.
Y mientras la oposición diseña estrategias para armarle un infierno al gobierno, hay personas esperando que alguien reconstruya su casa. Esas personas no votan por partidos. Votan por promesas. Y aprenden, una vez más, que las promesas duran exactamente hasta que dejan de ser útiles.
