Por Equipo En-Off | ANÁLISIS
Antonio Walker calificó como “económicamente lógica” la decisión de Iansa de dejar de contratar remolacha chilena. La frase abrió una pregunta mayor: hasta dónde la SNA defiende a la agricultura interna y hasta dónde protege al agro exportador.
____________________________________________________________________________________________________
La frase que ordena el problema
Antonio Walker volvió al centro del debate agrícola por una frase que pesa más que muchas declaraciones. Al comentar la decisión de Iansa de no contratar remolacha chilena para la temporada 2026-2027, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura afirmó que, “desde el punto de vista económico”, la medida tenía lógica.
No fue lo único que dijo. También habló del daño a una cadena productiva, pidió postergar la decisión y reconoció el impacto sobre los agricultores. Pero el orden de los factores importa. Antes de levantar una defensa nítida de los productores, validó la racionalidad económica del cierre. Ahí está el problema.
La decisión de Iansa no es un ajuste menor. Según los antecedentes conocidos, la compañía informó que no suscribiría nuevos contratos de remolacha, tras una temporada con 440 contratos y 7.733 hectáreas vinculadas al cultivo. La propia SNA ha hablado de más de 250 productores afectados.
No se trata solo de una empresa. Se trata del término práctico de una cadena que durante décadas sostuvo empleo, conocimiento técnico, rotación agrícola e industria en el centro-sur del país.
La pregunta, entonces, no es solo qué hizo Iansa. La pregunta es por qué la principal voz gremial del agro nacional eligió partir reconociendo la lógica económica de la empresa antes que la lógica estratégica del país.
El sorprendido que estuvo dentro
Walker dijo que el comunicado de Iansa los tomó “un poquito de sorpresa” y que fue “un balde de agua fría”. La frase exige contexto.
Antonio Walker fue ministro de Agricultura entre marzo de 2018 y enero de 2021. Durante ese período cerró la planta de Iansa Linares, en julio de 2018. Luego vino el cierre de Los Ángeles, en 2020, tras más de seis décadas de operación. La salida de la remolacha no apareció de un día para otro.
La sorpresa, en este caso, es difícil de sostener.
Durante los últimos años, Chile ha visto retroceder varias cadenas internas. La lechería redujo drásticamente su número de productores formales. El garbanzo, la lenteja, el trigo y el maíz dependen en distintos grados de importaciones. La remolacha es una señal más, pero no la primera.
Esa es la parte más incómoda del debate. La agricultura nacional no se está abriendo al mundo desde una posición equilibrada. Una parte del sector exporta con éxito. Otra parte compite, sin herramientas suficientes, contra productos importados que muchas veces llegan desde países con escalas, subsidios o condiciones laborales imposibles de replicar en Chile.
El cierre de Iansa muestra esa fractura.
La SNA debería estar en el centro de esa discusión. Tiene historia, equipos técnicos, redes políticas y capacidad de incidencia. Pero cuando el conflicto afecta a una cadena orientada al mercado interno, su voz aparece tarde, débil o demasiado cautelosa.
La SNA y el conflicto del agro exportador
La Sociedad Nacional de Agricultura fue fundada en 1838. Su nombre promete representación amplia: agricultura nacional, no solo agricultura exportadora. Pero en la práctica, el peso político y económico del gremio está cada vez más alineado con los sectores que venden hacia afuera, especialmente la fruta. Ese dato es clave para entender el silencio.
Walker no es un observador neutral del modelo agrícola chileno. Es empresario frutícola y conductor de una firma familiar ligada a la exportación. Eso no lo invalida como dirigente gremial, pero sí obliga a mirar sus posiciones con más cuidado cuando el debate enfrenta a cadenas internas con intereses exportadores.
El punto no es personalizar todo en Walker. El punto es institucional.
Brasil, por ejemplo, es uno de los mercados relevantes para la fruta chilena. Al mismo tiempo, es una potencia azucarera. Si Chile decidiera abrir una ofensiva comercial más agresiva contra el azúcar importada desde países con apoyos públicos o condiciones de competencia discutibles, podría exponerse a tensiones en otros rubros sensibles.
No hay que afirmar que Brasil tomaría represalias. No hay prueba pública suficiente para decirlo así. Pero sí es razonable plantear que el agro exportador mira esos movimientos con cautela, porque sus mercados de destino son parte del cálculo. Ese cálculo rara vez se declara.
Ahí aparece la pregunta de fondo: ¿puede la SNA representar con la misma fuerza al productor remolachero, maicero, triguero, lechero o arrocero, cuando buena parte de su poder interno depende de rubros exportadores que tienen otros incentivos?
La respuesta no está en un discurso. Está en la conducta.
Azúcar importada y defensa comercial pendiente
El debate sobre Iansa no se agota en la nostalgia industrial. Tampoco se resuelve con subsidios de emergencia o llamados a la buena voluntad empresarial.
Chile tiene instrumentos disponibles. El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC permite aplicar derechos compensatorios cuando existen subsidios externos demostrables y daño a una rama de producción nacional. No es proteccionismo vulgar. Es una herramienta reconocida por el propio sistema multilateral.
Walker, por su trayectoria como exministro y dirigente gremial, difícilmente puede alegar desconocimiento de ese marco. La pregunta no es si sabe que existe. La pregunta es por qué la SNA no ha empujado con más fuerza una estrategia técnica de defensa comercial para las cadenas internas. Esa omisión pesa más que cualquier declaración.
La situación de Guatemala agrega otra capa. Una parte relevante del azúcar de caña importada por Chile proviene de ese país. Organismos internacionales y fuentes laborales han documentado problemas asociados a trabajo infantil y enfermedades laborales en zonas cañeras centroamericanas. Chile no puede mirar esas cadenas solo como una oportunidad de precio. Comprar barato también es una decisión política.
Cuando una cadena nacional desaparece, no solo se pierde producción. Se reemplaza una estructura local, fiscalizable y con empleo formal por abastecimiento externo que opera bajo reglas que Chile no controla. Esa es la discusión que el país evita cada vez que reduce el problema a costos.
La remolacha nacional no cayó solo por ineficiencia. Cayó en un marco donde la defensa de la producción interna fue secundaria frente a una idea de apertura que funciona bien para algunos rubros y muy mal para otros.
El dueño cambió, el problema no
Hay otro punto relevante. Walker afirmó que Iansa era “una empresa inglesa”. Esa descripción quedó desactualizada.
Iansa fue controlada por ED&F Man, de origen británico. Pero la operación de venta a Hartree Partners fue aprobada por la Fiscalía Nacional Económica en enero de 2026. Hartree, firma global con sede en Nueva York, asumió el control antes del comunicado que dejó a la remolacha nacional fuera de los nuevos contratos.
El dato no es menor. Muestra que el cierre no puede leerse solo como la inercia de una administración anterior. Hubo cambio de control y luego una decisión operacional de alto impacto territorial.
Que el presidente de la SNA no haya puesto ese cambio en el centro de su análisis revela, al menos, una falta de precisión preocupante. Y si lo sabía, la omisión también es significativa.
La cronología importa porque fija responsabilidades. ED&F Man salió antes de la decisión final. Hartree ejecutó el giro. Iansa comunicó el cierre contractual. La SNA reaccionó con sorpresa. El Estado volvió a mirar desde atrás. Ese patrón se repite demasiado.
La agricultura interna suele aparecer en el debate público cuando ya perdió capacidad de presión. Primero cae la rentabilidad. Después se achica la superficie. Luego se corta la cadena industrial. Al final, cuando ya no queda mucho que defender, aparecen las declaraciones.
Quién va a defender las cadenas internas
La pregunta que deja el caso Iansa no es si Antonio Walker habló bien o mal en una entrevista. Es más profunda: quién va a defender las cadenas agrícolas que producen para el mercado interno.
Maíz, trigo, arroz, leche, hortalizas y remolacha enfrentan una presión común: competir en Chile contra productos importados desde economías con escalas mayores, apoyos estatales más robustos o condiciones laborales menos exigentes. Sin una política clara, el resultado es previsible.
Una cadena que se pierde no vuelve con un comunicado.
La SNA podría liderar esa discusión. Pero para hacerlo necesita resolver su contradicción principal: no puede actuar como gremio nacional si su sensibilidad política está concentrada en el agro exportador. Tampoco puede hablar en nombre de todos si los productores internos sienten que solo son defendidos cuando el conflicto ya está perdido.
Walker tiene derecho a defender la apertura comercial. También tiene derecho a representar al mundo frutícola. Lo que no puede hacer, sin costo político, es presentar esa mirada como si fuera automáticamente la voz de toda la agricultura chilena.
El cierre de Iansa deja una advertencia clara. Si Chile no construye instrumentos de defensa productiva, seguirá reemplazando cadenas nacionales por importaciones baratas, hasta descubrir demasiado tarde que la eficiencia de corto plazo también puede destruir seguridad económica, empleo territorial y seguridad alimentaria.
La remolacha fue la señal. La próxima cadena ya está en fila.
