Por José Santelices | ANÁLISIS
La controversia por las expulsiones no es solo semántica. El fondo es si el Gobierno puede recuperar control frente a redes criminales que usan la frontera, la identidad difusa y la violencia como método.
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El problema no es migrar, es entrar fuera del control del Estado
La inmigración ilegal fue uno de los ejes más duros de la campaña presidencial de José Antonio Kast. No por la inmigración en sí, sino por su conexión con una crisis mayor: violencia, delincuencia, crimen organizado y pérdida de control territorial.
Por eso la frase sobre la “metáfora” no cayó en el vacío. Kast dijo que quien creyó que podía expulsar a 300 mil migrantes irregulares en un día “entendió mal el mensaje”, pero el problema político no está solo en el número. Está en la expectativa de autoridad que él mismo instaló. La promesa no era administrativa. Era de control.
Y ese es el punto central: cuando una persona entra por pasos clandestinos, sin identificación verificable y fuera de los registros del Estado, el problema deja de ser migratorio y pasa a ser de seguridad pública.
La frontera como zona de oportunidad criminal
No todo inmigrante irregular es delincuente. Esa generalización sería burda y falsa.
Pero también sería ingenuo negar que la inmigración ilegal abre espacios que el crimen organizado aprovecha: identidades difíciles de verificar, redes de tráfico de personas, rutas clandestinas, economías informales y vínculos transnacionales.
El Ministerio Público ha advertido sobre una mayor sofisticación de las organizaciones criminales, con aumento de secuestros, extorsiones e infiltración en economías locales, especialmente en macrozonas norte y centro.
Ahí está la diferencia clave. El debate serio no es contra el extranjero que trabaja y se integra. Es contra la zona gris donde el Estado no sabe quién entró, por dónde entró, con qué antecedentes y bajo qué red de protección.
El crimen organizado cambió el estándar
Chile ya no enfrenta solo delincuencia común. En los últimos años aparecieron secuestros extorsivos, sicariato, extorsiones y organizaciones transnacionales con capacidad de operar por células, mover dinero, reclutar personas y ejercer violencia instrumental.
La propia Fiscalía ha descrito el paso desde bandas locales especializadas hacia organizaciones transnacionales “multipropósito”, con fenómenos como secuestros extorsivos, homicidios por encargo, extorsiones y control territorial.
El caso del Tren de Aragua muestra ese salto. La PDI ha vinculado a facciones de esa organización con secuestros extorsivos en Chile, y uno de los problemas señalados por investigadores es precisamente la dificultad de identificar a autores con ingresos clandestinos y condición inmigratoria irregular.
Ese es el núcleo: sin identidad, no hay persecución eficaz. Y sin persecución eficaz, el crimen organizado gana tiempo, territorio y capacidad de intimidación.
La promesa de expulsar era, en realidad, una promesa de orden
Por eso el Gobierno se equivoca si reduce la discusión a una frase mal explicada.
La ciudadanía no escuchó solo “expulsiones”. Escuchó una oferta de recuperación del orden frente a barrios tomados por economías ilegales, homicidios más violentos, bandas extranjeras y delitos que antes parecían ajenos a la realidad nacional.
Aunque los homicidios consumados bajaron en 2025 respecto de 2024, con una tasa nacional que pasó de 6,1 a 5,4 por cada 100 mil habitantes, el cuadro sigue siendo políticamente sensible porque la violencia cambió de naturaleza.
El Gobierno incluso comenzó a publicar reportes preliminares semanales de homicidios, señal de que la violencia letal se transformó en un indicador político permanente.
El objeto del análisis, entonces, no es si Kast usó una metáfora. El análisis debe hacerse respecto de si su gobierno tiene capacidad real para cerrar la brecha entre frontera, policía, justicia, expulsiones y control territorial.
El costo de bajar la intensidad
El candidato Kast ganó fuerza prometiendo una respuesta dura frente a la inmigración ilegal. Si ahora esa promesa parece relativizarse, el riesgo no es solo comunicacional. Es de autoridad.
Porque el votante que apoyó esa agenda no esperaba una discusión literaria sobre metáforas o hipérboles. Esperaba resultados: expulsiones efectivas, fronteras menos permeables, persecución penal más rápida y menos espacio para las organizaciones criminales.
La inmigración ilegal no explica por sí sola la violencia en el país. Pero sí ha sido una puerta de entrada para redes que operan precisamente donde el Estado llega tarde, identifica mal y sanciona poco.
Ese es el punto que La Moneda no puede diluir. La discusión no es si Kast eligió bien o mal una palabra. La discusión es si el Estado será capaz de recuperar el control antes de que el crimen organizado termine de ocupar los espacios que la política dejó abiertos.
Porque cuando la promesa de orden se convierte en explicación, el mensaje que reciben las bandas no es prudencia institucional. Es margen de maniobra.
