Por Camilo Guzmán
Comparar la experiencia peruana puede enriquecer el debate sobre el Plan de Reconstrucción Nacional. Pero usar cifras imprecisas y omitir el costo fiscal del modelo solo debilita una discusión que el agro chileno necesita dar con seriedad.
________________________________________________________________________________________________________________________
La agricultura nacional necesita una discusión seria sobre impuestos, inversión, permisos, seguridad productiva y reconstrucción. En eso no hay dos lecturas. Pero una discusión seria no puede apoyarse en cifras que no corresponden.
Un editorial reciente de Novena Digital planteó que Chile debería acelerar la aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional tomando como referencia la nueva ley agraria peruana. Una idea que antes había desarrollado también el presidente de la SNA, Antonio Walker. La idea de mirar experiencias comparadas es legítima. Incluso necesaria. El problema aparece cuando el espejo se mira a medias.
Se ha afirmado que Perú redujo los impuestos agrarios del 26% al 10% hasta 2036 y que fijó una tasa de 0% para las PYMEs. Sin embargo, la ley promulgada no dice eso.
La tasa reducida establecida para el sector agrario peruano es de 15%, no de 10%. Y rige entre 2026 y 2035. Desde 2036, las empresas vuelven al régimen general.
El dato importa porque cuando se construye una posición pública sobre una comparación internacional, la precisión no es un detalle técnico. Es la base mínima del argumento.
Perú no aprobó una solución gratis
También es necesario decir con claridad lo que se omite: la ley peruana tiene un costo fiscal relevante.
El propio Ministerio de Economía y Finanzas de Perú estimó una pérdida de recaudación cercana a US$560 millones al año. En el acumulado, el impacto fiscal superaría los US$5.950 millones entre 2026 y 2035.
No se trata, por tanto, de una fórmula simple donde basta bajar impuestos y esperar que el crecimiento haga el resto.
Toda rebaja tributaria tiene beneficiarios, costos y efectos distributivos.
Y en este caso, los principales beneficiarios no son necesariamente los pequeños agricultores que suelen aparecer en el discurso público cuando se habla de PYMEs o productores familiares.
La norma favorece especialmente a grandes agroexportadoras peruanas, empresas consolidadas, con escala, acceso a mercados externos y capacidad financiera muy distinta a la del agricultor chileno que hoy enfrenta márgenes estrechos, costos altos y una competencia cada vez más dura.
No todo incentivo productivo es igual. Y no todo modelo extranjero sirve para copiarlo sin mirar su estructura real.
Chile tiene otro problema productivo
El error de fondo no es solo tributario. Es político y estratégico.
Perú diseñó una norma pensada para potenciar una agroexportación consolidada. Chile, en cambio, enfrenta un problema más amplio: cómo sostener producción nacional, empleo rural, inversión, seguridad alimentaria y rentabilidad en rubros que no viven de la misma manera la bonanza exportadora.
El productor de granos, leche o alimentos para el mercado interno no enfrenta solo una carga impositiva. Enfrenta costos de fertilizantes, energía, transporte, financiamiento, inseguridad rural y permisología.
Ese productor no necesita frases grandilocuentes. Necesita condiciones reales para seguir produciendo.
Por eso, cuando se dice que el agro chileno crece por sobre la media nacional, hay que precisar de qué agro estamos hablando.
Una cosa es la fruta de exportación, integrada a mercados globales. Otra muy distinta es el agricultor que produce para el consumo interno y que muchas veces vende con márgenes comprimidos o negativos.
Meter todo en la misma bolsa es cómodo, pero equivocado.
La reconstrucción requiere verdad incómoda
Chile sí debe discutir una agenda de reconstrucción productiva.
Debe hacerlo con menos burocracia, más inversión, mejores incentivos, reglas estables y una mirada estratégica sobre el mundo rural.
Pero esa agenda no se fortalece exagerando lo que ocurre en Perú ni presentando como modelo una ley que tiene costos fiscales, beneficiarios específicos y un diseño distinto al que Chile necesita. La causa de la agricultura no gana fuerza con datos débiles. La pierde.
Y eso es especialmente grave cuando el país necesita ordenar prioridades: producir más, recuperar competitividad, proteger a los agricultores y entender que sin mundo rural fuerte no hay seguridad alimentaria ni desarrollo territorial serio.
El debate sobre el agro chileno debe ser firme, pero también riguroso.
Mirar afuera, pero decidir desde Chile
Chile debe mirar a Perú, a Brasil, a Nueva Zelandia y a todos los países que hayan logrado empujar su producción agrícola. Pero mirar no es copiar.
Mirar bien exige distinguir escalas, beneficiarios, costos fiscales y modelos productivos.
La reconstrucción del campo nacional no se resolverá con consignas importadas ni con comparaciones incompletas. Se resolverá con una política nacional seria, pensada para quienes producen, invierten, dan empleo y sostienen la vida rural.
Ese es el punto central.
El país necesita menos entusiasmo superficial y más decisión estratégica. Porque si Chile quiere reconstruir su capacidad productiva, el primer paso es discutir con datos reales.
