Por Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos A. G. | OFF THE RECORD
Washington propone un arancel para neutralizar la ventaja del trabajo forzoso. No es proteccionismo: es nivelar la cancha. Es, exactamente, lo que venimos diciendo y lo que Chile no se atreve a hacer.
Esta semana Estados Unidos hizo algo que conviene mirar sin prejuicio: le puso un número a una distorsión. Su Oficina de Comercio propuso un arancel de 12.5% a Chile y a otros sesenta países por no impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso.
La cifra incomoda, porque nos toca, pero el principio que hay detrás es el mismo que esta Agricultores Unidos viene explicando hace meses.
Qué hace Washington
Lo que ocurre es que un producto hecho con trabajo forzoso no compite en igualdad con uno hecho con trabajo pagado y protegido.
El que no le paga a su gente produce más barato, y esa diferencia no es eficiencia: es una ventaja artificial. El arancel no castiga el comercio sino que neutraliza esa ventaja y devuelve la competencia a un terreno parejo. El mismo razonamiento vale para el medio ambiente: producir sin las exigencias que otros sí cumplen es un subsidio encubierto, y frente a un subsidio, el arancel compensatorio es la herramienta que iguala.
La palabra que importa: nivelar
El representante comercial estadounidense lo dijo con todas sus letras: la inacción frente a estas distorsiones obliga a sus trabajadores a competir “en condiciones desiguales”.
Cambie “trabajadores” por “productores” y tiene, palabra por palabra, el argumento de Agricultores Unidos. Nivelar la cancha no es proteger a nadie del mercado; es lo contrario: permitir que el mercado funcione con todos bajo las mismas reglas.
La cancha que Chile abrió
Y aquí conviene mirarnos. Mientras Estados Unidos le pone precio a las distorsiones, Chile lleva años abriéndoles la puerta.
El azúcar de Guatemala entra con preferencias arancelarias por el tratado con Centroamérica, a competir contra nuestra remolacha con un costo que se apoya en condiciones laborales muy por debajo de las chilenas. Es la misma ventaja que Washington hoy penaliza.
El azúcar de caña de Brasil no llega al precio de su eficiencia agronómica , que es real, sino apuntalada por dos distorsiones de Estado: el programa del etanol, vigente desde 1975, que sostiene la demanda de caña a precio garantizado, y el financiamiento del banco estatal BNDES a tasas que ningún productor chileno tiene. Eso no es mercado: es Tesoro brasileño.
La carne de Brasil es hoy cerca del 44% de la que importamos, producida bajo estándares ambientales que ni la propia Unión Europea acepta ya sin trazabilidad antideforestación. Lo que allá es un costo que el productor evita, acá lo pagamos en el plato.
Tres productos, tres distorsiones -laboral, fiscal, ambiental- y una sola constante: el productor chileno compite cuesta arriba contra ventajas que no son eficiencia.
La herramienta existe y junta polvo
El dato de fondo lo audita la OCDE: el productor chileno recibe del Estado el 3% de su ingreso en apoyo público. El promedio OCDE es 13.2%, la Unión Europea cerca del 17%, y hay países que llegan al 55%. Por más eficiente que sea -en trigo nuestro rendimiento duplica al argentino- un agricultor no puede competir contra el Tesoro de otro país.
Para corregir exactamente esto existe, desde 1986, la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios (Ley 18.525). Puede actuar de oficio. En cuatro décadas casi no la hemos usado y mientras junta polvo, las cadenas se desmantelan: la remolacha cerró con cero contratos para 2026-2027, 440 productores y 7,700 hectáreas, 73 años de historia.
Cada eslabón perdido es empleo que no vuelve, un kilo de comida que pasaremos a importar y un barco que algún día zarpará con menos víveres. Eso no lo paga el campo: lo pagamos todos los chilenos.
La pregunta de fondo
La Cancillería respondió a Washington que la medida está en consulta y que el Tratado de Libre Comercio sigue vigente. Correcto. Pero queda la pregunta verdadera: ¿Qué harán ahora nuestras autoridades? ¿Enfrentar la realidad de las distorsiones o seguir haciendo la vista gorda con la excusa de que corregirlas atenta contra el libre mercado y los tratados?
La economía es una sola. No distingue región, apellido ni color político. Lo único que distingue es si la cancha está pareja o inclinada. La nuestra lleva cuarenta años inclinada, con las herramientas para enderezarla juntando polvo.
Defender al productor de una distorsión no atenta contra el libre mercado: es lo que lo hace posible. La pregunta para nuestras autoridades es simple y pública: ¿hasta cuándo la vista gorda?
