Por En-Off | OFF THE RECORD
La protesta de Agricultores Unidos en Temuco no fue solo una puesta en escena. Expuso una fractura más profunda entre el mundo productivo del sur y un Estado que sigue leyendo la crisis agrícola como un problema de fomento, cuando el reclamo apunta a precios, concentración, importaciones y poder económico.
La protesta de Agricultores Unidos en Temuco no fue solo una puesta en escena. Expuso una fractura más profunda entre el mundo productivo y un Estado que sigue leyendo la crisis agrícola como un problema de fomento, cuando el reclamo apunta a precios, concentración, importaciones y poder económico.
El ataúd no era solo un símbolo
La imagen fue dura, pero políticamente precisa: un ataúd frente a la Seremi de Agricultura de La Araucanía, entregado al Subsecretario Francesco Venezian, acompañado por leche, papas y lupino. No era una performance vacía sino una forma directa de decir que la agricultura tradicional está muriendo frente a una cadena que ya no le permite sostenerse.
Ese es el punto que el Gobierno no debería mirar como una protesta sectorial más. Lo que ocurrió en Temuco expresa algo más profundo: el deterioro de la relación entre el Estado y una base productiva que se siente abandonada, reemplazada y, sobre todo, mal leída.
Porque el reclamo de Agricultores Unidos no apunta a pedir bonos. Apunta a otra cosa: reglas de mercado, poder de compra, intermediación, importaciones y precios que no cuadran entre lo que recibe el productor y lo que termina pagando el consumidor. Ese es el corazón político del conflicto.
El error de responder con subsidios
Según un comunicado emitido por el gremio, mientras los agricultores planteaban distorsiones de mercado, la respuesta de la autoridad volvió hacia los instrumentos de fomento y la forma en que los subsidios pueden llegar de manera más directa a los productores. «Ni el gobierno de Gabriel Boric se atrevió a tanto asistencialismo», señala con ironía un productor.
Ahí está la desconexión.
El Estado escucha “crisis agrícola” y responde con subsidios. Pero el gremio está hablando de una cadena que, a su juicio, se rompió por arriba: poderes compradores, intermediación concentrada, importaciones subsidiadas y una estructura donde el productor recibe menos mientras el consumidor paga más.
Si ese diagnóstico es correcto, entonces el problema no se resuelve sólo con programas de apoyo. Se resuelve revisando la formación de precios, la competencia efectiva, la transparencia de las cadenas y las condiciones bajo las cuales productos importados compiten con producción nacional. «Eso es estructural. Lo que propone este gobierno, un gobierno de derecha, encabezado por un presidente Republicano, es más asistencialismo, es un parche absurdo e inútil», señala una agricultora a En-Off.
En este contexto, Camilo Guzmán solicitó al subsecretario Venezian que intermedie para realizar una reunión del gremio con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un interlocutor válido y necesario porque Agricultura puede administrar instrumentos sectoriales, pero las reglas económicas relevantes se deciden en otra parte. Si el conflicto se queda encerrado en la cartera encabezada por Jaime Campos, el Gobierno podrá contener la protesta, pero difícilmente resolverá la causa y «va a terminar asistiendo al entierro del campo», señala Guzmán.
La cancha torcida ya cruzó la frontera
El caso tiene además un flanco internacional que el Gobierno no debería subestimar.
Estados Unidos abrió una discusión comercial sobre países que, a juicio de Washington, no impiden de manera eficaz la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso. Chile aparece en ese debate y la propuesta de un arancel adicional puso una presión nueva sobre la política comercial del país.
Para Agricultores Unidos, ese punto conecta directamente con lo que llaman “cancha torcida”: productores chilenos sometidos a reglas laborales, ambientales y tributarias nacionales compitiendo contra bienes importados desde países con subsidios, menores estándares o cadenas cuestionadas.
El caso de la remolacha es particularmente sensible. La decisión de Iansa de no contratar remolacha nacional para la temporada 2026-2027 fue leída por el gremio como una señal brutal: se apaga una cadena histórica de producción local y se fortalece la refinación de azúcar cruda importada.
El debate, entonces, deja de ser solo agrícola. Se convierte en una discusión sobre soberanía productiva, comercio internacional, estándares laborales y seguridad alimentaria.
El sur productivo busca otra interlocución
La protesta también revela una tensión territorial.
En el sur, muchos productores sienten que la agenda pública habla mucho de transición, derechos, tierras, medioambiente o forestales, pero poco de producción agrícola real. El petitorio de Agricultores Unidos apunta precisamente a eso: trigo, leche, papa, hortalizas, precio justo, Ley del Grano y un modelo de desarrollo que no reduzca el futuro del territorio a plantaciones forestales.
Esa crítica tiene carga política. Porque no se trata solo de cuánto gana un agricultor. Se trata de qué tipo de economía quiere sostener el país en zonas donde conviven conflicto territorial, presión forestal, deterioro de la agricultura tradicional, inseguridad y pérdida de confianza en la autoridad.
Cuando un gremio lleva un ataúd a un Subsecretario, el mensaje no es solamente económico. Es también una advertencia sobre representación. El productor siente que nadie está hablando por él con la fuerza suficiente.
El riesgo para el Gobierno
El Gobierno puede cometer un error si interpreta esta escena como una protesta rural acotada. Lo que está emergiendo es una narrativa mucho más peligrosa para La Moneda: la idea de que el Estado protege discursos, regula al productor nacional, permite importaciones en condiciones desiguales y luego ofrece subsidios para compensar el daño que sus propias reglas no corrigen.
Ese relato puede crecer e indudablemente va a conectar con consumidores que pagan más caro. Puede conectar, también, con pequeños productores que sienten que desaparecen.
Puede conectar con regiones que ven cómo sus actividades tradicionales pierden peso frente a decisiones tomadas en Santiago.
Y puede conectar con una crítica más amplia al modelo económico: mucha apertura comercial, poca defensa productiva y escasa transparencia sobre quién gana realmente en la cadena.
El ataúd de Temuco buscaba simbolizar la muerte de la agricultura tradicional. Pero políticamente puede terminar mostrando otra cosa: la incapacidad del Estado para entender que el problema ya no es solo producir más, sino asegurar que producir en Chile todavía tenga sentido. De lo contrario, el gobierno de Kast podría pasar a la historia como el enterrador de la agricultura nacional.
