Por José Santelices | ANÁLISIS
La guerra entre Estados Unidos e Irán nunca fue solo una guerra regional. Desde el primer momento tuvo un efecto global, porque el conflicto tocó una de las zonas más sensibles de la economía mundial: el estrecho de Ormuz.
Por ahí circula una parte decisiva del petróleo que sostiene la actividad económica global. Cuando esa ruta se tensiona, el impacto no queda en los mapas militares ni en las salas de crisis de Washington. Se transmite al transporte, a los seguros marítimos, a la inflación, a los costos logísticos y al precio de los combustibles. Y también llega a Chile.
Ese es el punto que muchas veces se pierde en el análisis internacional. Las guerras de las potencias no las pagan solo las potencias. También las pagan los países abiertos, importadores de energía y expuestos a la volatilidad externa, como Chile, que es exactamente eso. Un país que no controla el precio del petróleo, pero que sí debe decidir cómo administra sus consecuencias.
Trump encendió el incendio
Donald Trump arrastró a Estados Unidos a una guerra con objetivos máximos. Prometió presión, fuerza y resultado. Buscó disciplinar a Irán, contener su programa nuclear, asegurar Ormuz y proyectar nuevamente la capacidad estadounidense de imponer condiciones en Medio Oriente.
Pero el desenlace conocido hasta ahora está lejos de ser una victoria clara. El acuerdo preliminar abre una salida al conflicto, pero posterga las conversaciones más difíciles: el futuro del programa nuclear iraní, el rol regional de Teherán y su capacidad de presión siguen sobre la mesa. Ese es el problema: Trump quiso demostrar poder y terminó mostrando límites.
Estados Unidos puede bombardear, bloquear y presionar. Pero otra cosa muy distinta es transformar esa fuerza en obediencia política estable. Irán quedó golpeado, pero no derrotado. Ormuz volvió a mostrar su poder como arma estratégica y Washington terminó empujado a una negociación que no resuelve el fondo del conflicto.
La guerra, en ese sentido, tuvo un costo mayor que su resultado y ese costo no se quedó en Estados Unidos.
El precio de Ormuz en Chile
El impacto energético fue inmediato. Cuando el conflicto golpeó el precio internacional del petróleo, Chile lo sintió en la bencina, el diésel y el transporte. Y cuando se anunció la reapertura de Ormuz, las autoridades nacionales salieron a anticipar bajas insuficientes pero importantes en el precio de los combustibles. Eso confirma la conexión.
Lo que ocurre en Medio Oriente no es una abstracción geopolítica. Tiene traducción directa en la cuenta mensual de una familia, en el costo de mover mercadería, en el precio del transporte público, en la caja de una pyme y en la estructura de costos de buena parte de la economía.
La guerra de Trump llegó hasta la estación de servicio chilena, pero ahí aparece una segunda responsabilidad.
El shock externo no fue culpa del Gobierno chileno ni la guerra se decidió en Santiago. El precio del petróleo no se fija desde La Moneda y Ormuz no depende del Ministerio de Hacienda.
Pero la forma en que ese impacto se trasladó a los consumidores sí fue una decisión política interna, y ahí el Gobierno quedó al debe.
El costo de la torpeza local
Chile cuenta con mecanismos para suavizar las variaciones bruscas en el precio de los combustibles. No eliminan el problema, no hacen desaparecer el costo fiscal ni permiten aislar completamente al país de los mercados internacionales.
Pero existen precisamente para evitar que un shock externo se descargue de golpe sobre los hogares y la actividad económica. El Gobierno pudo haber actuado con mayor sensibilidad política y social. Pudo haber distribuido mejor el impacto en el tiempo e incluso pudo haber explicado con más claridad el origen del alza. También pudo anticipar medidas compensatorias. Y pudo haber entendido que la bencina no es solo una variable técnica, sino una señal cotidiana de deterioro para millones de personas.
Pero nada de eso hizo, y lo que hizo, no lo hizo con suficiente criterio. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser solo económico y se vuelve político.
Porque un alza brusca en el precio de los combustibles golpea justo donde más duele: en la percepción de control. La ciudadanía puede aceptar que Chile no maneja el precio del petróleo. Lo que cuesta más aceptar es que las autoridades parezcan administrar el golpe como si se tratara de una planilla y no de la vida diaria de las personas.
Trump encendió el incendio. Pero en Chile hubo autoridades que dejaron entrar el humo sin suficiente cálculo ni sensibilidad política.
La lección para un país vulnerable
La guerra de Irán deja una conclusión muy incómoda para Chile.
El mundo se volvió más duro, más inestable y más caro. Las decisiones de las grandes potencias ya no se quedan en los grandes escenarios. Viajan por las rutas marítimas, por el petróleo, por el dólar, por los alimentos, por los fertilizantes y por el transporte. Un país como Chile no puede evitar todos esos impactos.
Pero sí puede prepararse mejor y eso exige una política exterior más atenta a los riesgos estratégicos, una política energética menos vulnerable y una conducción económica con más sensibilidad política.
Porque el nuevo orden mundial no solo se juega en Washington, Teherán, Beijing o Moscú. También se juega en la capacidad de países como Chile para amortiguar golpes externos antes de que se transformen en malestar interno.
Trump inició una guerra para mostrar fuerza. Terminó exponiendo los límites del poder estadounidense.
Y en Chile, esa guerra dejó otra lección: cuando el mundo se desordena, no basta con culpar al exterior. También hay que mirar si las autoridades propias tienen la capacidad, el criterio y la sensibilidad para proteger a quienes terminan pagando la cuenta.
