Por Marcelo Soto | OFF RECORD
La crisis habitacional no solo abrió una emergencia social. También creó una zona gris donde intermediarios, dirigentes y operadores locales pueden prometer acceso, rapidez o influencia frente a familias que llevan años esperando una casa.
La crisis habitacional que vive el país tiene una cara visible: campamentos, listas de espera, proyectos demorados, terrenos escasos y familias que no logran salir del allegamiento. Esa es la parte que aparece en los discursos oficiales, en las metas del Ministerio de Vivienda y en las cifras del déficit habitacional.
Pero hay otra cara menos expuesta: el mercado informal que ha crecido alrededor de esa desesperación. No es un mercado con oficinas, contratos ni letreros. Funciona en reuniones de comité, grupos de WhatsApp, promesas de cupos, cuotas “necesarias”, supuestos contactos en el municipio, en el Serviu o en el ministerio.
Su capital no es solo el dinero. Es la expectativa. y ahí aparece una figura cada vez más relevante: el intermediario habitacional.
Puede ser dirigente social, operador político, excandidato, funcionario, asesor, concejal o simplemente alguien que dice saber «cómo moverse» dentro del sistema. Su poder nace de una asimetría básica: las familias necesitan una vivienda y muchas veces no entienden el camino administrativo para llegar a ella.
Cuando el Estado es lento, confuso o distante, alguien ocupa ese espacio.
La promesa de “yo te puedo ayudar”
La vivienda social debería depender de reglas claras, información pública y canales institucionales. Pero para muchas familias el proceso se vive como una caja negra.
No saben qué documentos faltan, qué etapa viene, quién decide, cuánto demora ni si efectivamente están avanzando. Esa incertidumbre es el terreno perfecto para el abuso.
La fórmula se repite con distintas formas: alguien promete gestión, rapidez o influencia; luego aparecen cuotas, pagos informales, “comisiones”, gastos sin respaldo o exigencias para no quedar fuera. El pago no siempre se presenta como ilegal. A veces se disfraza de trámite, corretaje, asesoría, incorporación, movilización o gasto administrativo.
Pero el fondo es el mismo: familias vulnerables pagando por algo que debería estar protegido por el Estado.
No todos los dirigentes habitacionales operan así y sería injusto afirmarlo. Muchos han sostenido durante años la organización social que el propio Estado no ha sido capaz de acompañar. Pero precisamente por eso el problema es grave: la falta de fiscalización termina ensuciando también a quienes hacen bien su trabajo.
Pudahuel como síntoma
El caso de Pudahuel es una señal de alerta.
En documentos tenidos a la vista para esta nota, remitidos a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Vivienda aparecen denuncias de comités vinculados a proyectos como El Laurel, Las Palmas y Nueva Vida. Allí se acusa al concejal Manuel Ibarra Mondaca, independiente asociado al PPD, de presuntos cobros, falta de rendición, presión sobre familias e intervención en comités de vivienda.
Ibarra no es un actor marginal en esa historia. Antes de ser concejal, construyó parte importante de su capital político en el mundo de los comités de allegados de Pudahuel. Su trayectoria pública estuvo asociada precisamente a la lucha por la vivienda. Ese punto vuelve el caso políticamente más delicado.
Porque no se trata solo de una denuncia contra una persona. Se trata de una pregunta mayor: ¿qué pasa cuando quienes dicen representar a las familias terminan administrando, directa o indirectamente, la puerta de entrada a una política pública?
Las responsabilidades específicas deberán ser determinadas por las instituciones competentes. Manuel Ibarra conserva su derecho a defensa y la presunción de inocencia. Pero el problema de fondo ya está instalado: la vivienda social se transformó en un espacio donde la necesidad puede ser capturada por operadores con poder territorial.
No es un caso aislado
Lo ocurrido en Pudahuel no aparece en el vacío.
En Osorno se han conocido denuncias por cobros a familias en comités de vivienda, con cuotas que, según reportes de prensa, podían superar el millón de pesos. En Atacama, el propio Minvu informó una denuncia ante Fiscalía por un presunto delito de estafa asociado a pagos exigidos bajo promesas habitacionales. En Alto Hospicio también se han registrado denuncias por supuestos cobros indebidos vinculados a comités de vivienda.
Los detalles cambian, pero el patrón se parece demasiado: familias pobres; trámites complejos; intermediarios que prometen acceso. Pagos difíciles de fiscalizar. Miedo a reclamar. Instituciones que reaccionan tarde. Ese es el circuito.
Y cuando ese circuito se repite en distintas comunas, ya no estamos frente a simples anécdotas locales. Estamos frente a una falla estructural del sistema habitacional.
El Estado informa, pero no protege
El Ministerio de Vivienda ha advertido reiteradamente que la postulación a subsidios es gratuita y que las familias deben informarse por canales oficiales. También ha llamado a denunciar estafas y malas prácticas.
El problema es que los folletos no bastan. Una familia que lleva 10 o 15 años esperando una vivienda no se enfrenta a un dilema abstracto, sino al miedo concreto de quedar fuera. Si el dirigente le dice que debe pagar, paga. Si le dicen que sin ese aporte el proyecto se cae, junta la plata. Si le advierten que reclamar puede perjudicarla, guarda silencio. Ahí, el Estado llega tarde.
Llega con canales formales, teléfonos, formularios y advertencias. Pero no siempre llega con presencia efectiva, fiscalización temprana, acompañamiento jurídico ni protección real frente a quienes controlan políticamente los comités.
Y cuando la Fiscalía demora años en entregar resultados visibles, cuando la Contraloría no aparece con dictámenes oportunos, cuando las municipalidades se lavan las manos y cuando el Serviu se limita a revisar expedientes, el mensaje es brutal: denunciar no cambia mucho. Esa es la desprotección.
La pobreza como capital político
El punto más duro es este: la pobreza también puede ser administrada como capital político.
Quien controla un comité puede controlar asistencia a reuniones, fotografías, apoyo territorial, presencia en actos, presión electoral y redes de influencia.
La vivienda se convierte, entonces, en algo más que una política pública: se transforma en una herramienta de dependencia. La familia no solo espera una casa. También aprende a no incomodar al que parece tener la llave.
Por eso este fenómeno es tan corrosivo. Porque mezcla necesidad social, poder local, burocracia estatal y promesa política en un mismo espacio. Y porque las víctimas no son grandes empresas con estudios de abogados. Son familias que muchas veces no saben cómo defenderse.
Ese es el negocio más oscuro de la emergencia habitacional: convertir la esperanza de los pobres en una moneda de cambio.
La pregunta que el Estado evita
Chile puede construir más viviendas, acelerar planes, comprar terrenos y aumentar subsidios. Todo eso es necesario.
Pero hay una pregunta que el Estado todavía no responde bien: ¿quién controla la puerta de entrada al sistema?
Si esa puerta queda en manos de intermediarios informales, la política habitacional seguirá expuesta al abuso. Si los comités no tienen fiscalización suficiente, si las municipalidades no asumen responsabilidad, si el Ministerio Público archiva o eterniza investigaciones y si la Contraloría llega cuando el daño ya está hecho, el mercado informal de la vivienda seguirá creciendo.
La crisis habitacional no solo se mide en viviendas faltantes. También se mide en familias que, por desesperación, terminan pagando, obedeciendo o callando frente a quienes prometen acercarlas al sueño de la casa propia.
Porque cuando el Estado no protege la entrada al sistema, la vivienda social deja de ser una política pública y se convierte en territorio fértil para operadores. Y ahí la casa propia ya no depende solo del derecho, sino de quién dice tener la llave.
