Por En-Off | OFF THE RECORD
El informe final de Contraloría no cuestiona el derecho a la reunificación familiar ni convierte a los niños haitianos en una amenaza. Expone algo más grave: un Estado que reemplazó exigencias legales por un memorándum interno y que, al mismo tiempo, fue incapaz de coordinar controles, información y protección efectiva.
El problema no son los niños
La discusión pública sobre inmigración suele caer rápidamente en caricaturas. Unos reducen todo a descontrol fronterizo; otros responden como si cualquier exigencia legal fuera una forma de hostilidad frente a quienes buscan reunirse con sus familias.
El informe final de la Contraloría obliga a salir de esa comodidad.
El problema no es que Chile haya intentado permitir la reunificación familiar de niños haitianos con sus padres o adultos responsables. Esa posibilidad está reconocida en la legislación migratoria y responde a un principio básico: un Estado no puede tratar la unidad familiar como un detalle burocrático.
El problema es que, según concluyó la Contraloría, el Servicio Nacional de Migraciones flexibilizó requisitos establecidos por ley mediante un memorándum interno, sin contar con atribuciones suficientes para hacerlo.
Y eso cambia por completo el debate. Porque un Estado serio no tiene que elegir entre proteger a un niño y cumplir la ley. Tiene el deber de hacer ambas cosas.
Cuando un memorándum reemplaza a la ley
La parte más delicada del informe está en la forma en que se tomaron las decisiones. La Contraloría concluyó que los requisitos, documentos y condiciones exigidos por la Ley de Migración no podían ser modificados o exceptuados mediante una instrucción interna. No es una observación menor.
La política migratoria no puede depender de la voluntad de una jefatura, del criterio de un funcionario o de una solución improvisada frente a una crisis internacional. Si una exigencia legal se vuelve impracticable por el colapso institucional de un país de origen, el Estado tiene mecanismos para actuar: puede modificar reglamentos, dictar actos administrativos válidos, impulsar cambios legales o establecer procedimientos excepcionales dentro de sus atribuciones.
Lo que no puede hacer es transformar un memorándum en sustituto de la ley. Ese fue el error de fondo.
El exdirector de Migraciones, Luis Thayer, ha sostenido que la decisión respondió a una disyuntiva real: exigir documentos que, por la situación de Haití, muchas familias no podían obtener, o impedir de hecho la reunificación familiar. Es un argumento atendible desde el punto de vista humanitario, pero no resuelve el problema jurídico ni institucional.
El asunto no se trata de que si existía una emergencia. El problema es que el Estado enfrentó esa emergencia sin construir un mecanismo legalmente sólido, verificable y coordinado.
La humanidad no justifica la improvisación
En el debate inmigratorio se instaló una falsa oposición: o se defiende el interés superior del niño o se exige control estatal. Como si ambas cosas fueran incompatibles, que no lo son.
Un sistema inmigratorio sin reglas claras puede dejar expuestos a los propios niños que dice proteger. Si no existe trazabilidad efectiva, si los documentos se flexibilizan sin procedimientos robustos, si no hay coordinación entre Migraciones, Policía de Investigaciones, Cancillería, niñez y municipios, entonces la reunificación familiar deja de ser una política de protección y se convierte en una zona de incertidumbre.
Eso es precisamente lo que muestra el informe. La Contraloría detectó debilidades en la verificación de antecedentes, ausencia de protocolos de intercambio oportuno de información y falta de procedimientos conjuntos para seguir la situación de niños y adolescentes tras su ingreso al país. También observó casos de adultos vinculados al ingreso de numerosos menores y un vuelo que llegó sin la nómina de pasajeros exigida.
Nada de eso demuestra por sí solo una red criminal ni permite hacer imputaciones automáticas contra quienes ingresaron al país. Pero sí muestra algo grave: el Estado abrió una puerta excepcional sin asegurar que tenía capacidad suficiente para vigilar lo que ocurría después.
El costo político de perder el control
Para el gobierno de Gabriel Boric, este caso es especialmente incómodo porque conecta dos flancos que siempre intentó separar: derechos humanos y control migratorio.
La administración de Luis Thayer buscó presentarse como una gestión que combinaba regularidad, orden y protección. Sin embargo, el informe de Contraloría deja la impresión contraria: una política que quiso resolver una situación humanitaria concreta, pero terminó debilitando la certeza jurídica y exponiendo las fallas de coordinación de todo el aparato estatal.
El costo político no proviene solo de haber flexibilizado requisitos sino de haberlo hecho sin dejar una arquitectura institucional capaz de sostener esa decisión.
Eso alimenta el relato de quienes sostienen que el Estado perdió el control de la inmigración. Pero también deja en evidencia una verdad más incómoda para la derecha: endurecer el discurso no basta cuando las instituciones no tienen información, protocolos ni capacidad de seguimiento.
El orden no se construye con frases de campaña. Se construye con reglas claras, responsabilidades definidas y servicios públicos capaces de coordinarse.
La lección que Chile no puede volver a ignorar
La Contraloría no cuestionó la reunificación familiar como principio. Cuestionó la improvisación con que se aplicó. Esa distinción es central.
Chile necesita una política inmigratoria que sea firme en el cumplimiento de la ley, pero también capaz de responder a crisis humanitarias sin abandonar la protección de niños y familias. No se trata de cerrar los ojos frente a la realidad de Haití ni de aceptar que la imposibilidad de obtener un documento condene a una familia a la separación indefinida.
Se trata de que las excepciones estén reguladas, sean públicas, tengan respaldo jurídico, incluyan controles reforzados y permitan saber exactamente quién entra, con quién entra, dónde vive y bajo qué condiciones queda protegido.
La política inmigratoria no puede administrarse como una zona gris entre la compasión y la negligencia. Porque cuando el Estado flexibiliza la ley sin control, no protege mejor a los más vulnerables. Los deja más expuestos.
Y cuando después descubre que no sabe con precisión quién ingresó, con qué antecedentes ni bajo qué redes de cuidado, ya no está frente a una crisis migratoria: está frente a una crisis de autoridad.
