Por Camilo Guzmán. Presidente Agricultores Unidos A. G. | OPINIÓN
El temporal dejó daños por US$400 millones en el agro y un mensaje oficial de tranquilidad: los precios de los alimentos no subirán. Nadie preguntó quién absorbe la diferencia. La respuesta tiene 188 años de historia y un nombre escrito en el Código Civil desde 1857.
La semana pasada ocurrieron dos cosas al mismo tiempo, y casi nadie las puso una al lado de la otra. La primera: el catastro preliminar del Ministerio de Agricultura registró 621 agricultores afectados por el temporal; 595 de ellos son usuarios de INDAP: agricultura familiar campesina. Invernaderos en el suelo, canales rotos, puentes cortados. Los daños pasaron de US$200 millones a US$400 millones en 48 horas.
La segunda: desde los pasillos de los mercados mayoristas de Santiago, la vocería del gremio grande de la agricultura tranquilizó al país. «Hasta hoy no hay ninguna razón para que haya un efecto en los precios de los alimentos», se dijo, textual. Y probablemente el dato es correcto: hay reservas, hay abastecimiento.
Ahora haga usted la pregunta que nadie hizo: si el daño es de US$400 millones y el precio en la góndola no se mueve, ¿quién está pagando la diferencia?
La regla no escrita
La respuesta la conoce cualquiera que trabaje la tierra. En esta cadena, el riesgo queda siempre del lado del que siembra: si la venta cae, el precio se lo bajan al productor; si sobra mercadería, la pierde el productor; y si viene un temporal, la pérdida la absorbe el productor.
El consumidor paga lo mismo, la intermediación gana lo mismo, y el agricultor pierde solo. Lo escribimos en esta misma tribuna: ganar sin arriesgar no es empresa, es peaje. La semana pasada la regla funcionó a la perfección, delante de todo Chile, y nadie la nombró.
Vale la pena entonces mirar desde dónde se habla. El que mira el campo desde la feria mayorista ve camiones llegando y precios estables. El que lo mira desde el potrero inundado ve el invernadero en el suelo y la deuda que no espera. Las dos miradas son legítimas. La pregunta es cuál llega a los micrófonos presentada como «la voz de la agricultura», porque los 595 del catastro no están en esos directorios.
Ciento ochenta y ocho años de diferencia
Esto no es nuevo; tiene fecha de origen. El 18 de mayo de 1838, en un salón de Santiago, no en un potrero, la élite ilustrada de la época fundó el gremio agrícola más antiguo de Chile.
Ahí estaba, entre otros, don Andrés Bello; el primer presidente fue un diputado. Los historiadores describen su objetivo fundacional sin rodeos: representar los intereses de los grandes propietarios agrícolas ante el Estado.
Ese gremio lleva 188 años organizado, con revista propia, radio propia, ferias propias y oficina frente al poder. El campo chico, en cambio, nunca tuvo una asociación gremial que hablara por él. Y no fue por flojera: fue por un miedo que tiene nombre jurídico.
El miedo con nombre jurídico
El Código Civil, el mismo de Bello, que nos rige desde 1857, lo llama temor reverencial, y lo define como «el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto». La ley agrega algo decisivo: ese miedo no vicia el consentimiento. Traducido: lo que usted firmó por miedo a desagradar al patrón, firmado queda.
Generaciones del campo chileno crecieron bajo esa regla, porque en la hacienda el patrón era la casa, el trabajo, la escuela y el almacén. Y note la ironía: el mismo mundo ilustrado que fundó el gremio de los hacendados escribió que el temor del inquilino no lo protegía.
La hacienda se acabó y el temor cambió de dueño. Hoy es el miedo a desagradar al único comprador: el productor no reclama la pauta de precio que le llega aunque no la entienda, no pregunta cómo se calculó, no se junta con el vecino a comparar lo que les pagan. Porque el castigo ya no necesita decreto: basta con no comprarle la próxima temporada.
Bajo ese silencio se apagaron, uno por uno, los pilares de la agricultura tradicional: de más de 11,000 lecherías a fines de los noventa quedan menos de 3,000; la remolacha cumplió 73 años de contratos y esta temporada, por primera vez, cero para 440 familias; la molienda de trigo de La Araucanía cayó un cuarto; y Chile pasó de 1.300.000 hectáreas de riego a 900.000, cifra entregada esta semana por el propio presidente del gremio grande. Cada derrumbe ocurrió callado. Ahora sabemos cómo se llama ese silencio.
La cuenta y la mesa
La ayuda de emergencia anunciada es necesaria, se agradece y debe llegar rápido. Pero cuando el agua baje y las cámaras se vayan, la cancha seguirá torcida igual.
Por eso, desde Agricultores Unidos, no pedimos bonos ni subsidios: pedimos usar la Comisión de Distorsiones, que existe desde 1986 y casi no se ocupa; pedimos transparencia en los precios y condiciones de compra de las cadenas; pedimos patrocinio y urgencia para la Ley del Grano. Y necesitamos algo más: que en la mesa donde se decida cómo se reconstruye el campo se siente la agricultura familiar, los 595 del catastro, no solamente los gremios grandes y los comerciantes de siempre. Porque si la reconstrucción la diseñan los que miran el campo desde la feria, lo que se va a reconstruir es la feria, no el campo.
Por casi doscientos años la gente del campo absorbió callada: la hacienda, el temor, la sequía, los precios bajo el costo, y ahora el temporal. Como gremio estamos aquí para decir que ese temor se acabó, y que sacar la voz no es rabia: es diagnóstico.
Esto no da para más. Cuando venga el próximo golpe, y va a venir la, pregunta será la misma: ¿quién lo absorbe? Un país donde siempre absorbe el mismo, un día se queda sin ese mismo. Y sin productor no hay feria, no hay góndola y no hay comida chilena en la mesa.
