Por En-Off | ECONOMÍA
La propuesta de Arturo Squella de incorporar capital privado a Codelco obligó al Gobierno a cerrar rápido la puerta a una privatización. Pero la situación financiera de la estatal está instalada en el debate: cómo financiar, modernizar y hacer competitiva a la principal empresa pública del país sin convertirla en una batalla ideológica.
Codelco volvió al centro del debate económico a propósito de una propuesta política que tocó una fibra sensible: abrir la estatal al capital privado.
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, planteó en conversación con La Tercera que el país debería discutir la privatización total o parcial de Codelco, o al menos el ingreso de capital privado para darle oxígeno financiero a la empresa.
Desde La Moneda, la reacción fue inmediata y descartó avanzar hacia una privatización intentando llevar el debate hacia otro terreno: eficiencia, productividad, control de deuda, venta de activos prescindibles y alianzas con terceros.
La diferencia es importante ya Squella, presidente del principal partido del oficialismo, habló de propiedad, mientras el el Gobierno quiso hablar de gestión. Ahí empezó la disputa.
Codelco no está en venta, pero está bajo presión
El Gobierno tiene razones políticas para evitar la palabra privatización.
Codelco no es una empresa cualquiera. Es símbolo del cobre chileno, fuente histórica de recursos fiscales y una pieza central de la identidad económica del Estado.
Pero también sería un error mirar la reacción oficial como simple defensa patrimonial, porque la presión sobre Codelco es real.
La deuda de la estatal bordea los US$25.000 millones y su producción propia cayó en el primer trimestre de 2026 respecto del año anterior. Los costos subieron y los proyectos estructurales acumulan retrasos, dificultades operacionales y exigencias de inversión que tensionan la caja.
Ese cuadro obliga a una discusión seria. Codelco necesita capital, eficiencia y disciplina de inversión. También necesita producir más y mejor. El punto de fondo es cómo hacerlo.
El Gobierno intenta construir una respuesta pragmática: mantener la propiedad estatal, revisar activos no estratégicos, buscar asociaciones público-privadas y ordenar la cartera de inversiones.
Squella, en cambio, puso sobre la mesa una discusión más dura: si el Estado puede seguir siendo dueño exclusivo de una empresa que requiere capital, gobierno corporativo y competitividad de clase mundial.
El movimiento de Squella tiene tres lecturas
Corre el cerco a La Moneda.
El Gobierno quiere hablar de eficiencia, deuda, productividad y venta de activos no estratégicos. Squella instala la palabra prohibida: privatización. Obliga al Ejecutivo a responder.
Expone una diferencia dentro del oficialismo.
Kast necesita administrar Codelco con realismo: deuda alta, caída productiva, proyectos retrasados, presión fiscal. El Partido Republicano, en cambio, usa a Codelco como símbolo ideológico: Estado empresario versus capital privado.
Abre una discusión que puede ser económicamente necesaria, pero políticamente explosiva.
Codelco necesita capital, eficiencia y gobierno corporativo. Pero hablar de privatización en Chile activa una memoria política pesada. Por eso el Gobierno intenta mover el debate hacia “activos prescindibles”, no hacia propiedad.
La disputa no es solo económica
El caso Codelco revela una tensión más amplia dentro del oficialismo. Por una parte, José Antonio Kast gobierna y por otra, el Partido Republicano empuja doctrina.
Esa diferencia no es menor. Desde La Moneda, el problema de Codelco exige prudencia, manejo político y resultados concretos. Desde el partido, la estatal sirve para marcar una frontera ideológica sobre el tamaño del Estado, la eficiencia pública y el rol del capital privado.
Ambas miradas pueden convivir por un tiempo, pero no siempre apuntan al mismo lugar.
El Gobierno necesita evitar una guerra política con sindicatos, oposición y sectores que consideran a Codelco un patrimonio nacional. También necesita cuidar el mercado, la clasificación de riesgo, el aporte fiscal y la continuidad operacional de la minera.
Si bien el Partido Republicano puede permitirse una ofensiva más doctrinaria, ese es el costo de gobernar con una fuerza política que todavía piensa muchas discusiones desde la oposición.
La Moneda necesita administrar la realidad y el partido busca correr el límite del debate. Codelco los enfrentó a esa diferencia.
Capital privado no significa una sola cosa
El debate también exige precisión. Incorporar privados no equivale automáticamente a vender Codelco.
La empresa ya convive con el mundo privado mediante contratos, servicios, asociaciones, tecnología, financiamiento y proyectos conjuntos. También puede vender activos que no opera directamente o asociarse en iniciativas específicas sin modificar el control estatal de la corporación.
Esa zona intermedia es justamente la que el Gobierno quiere explorar ya que permite atraer capital, compartir riesgos y mejorar ejecución sin abrir una discusión frontal sobre propiedad.
Pero esa fórmula tampoco es gratuita. Vender activos puede aliviar la caja hoy y reducir ingresos futuros. Asociarse con privados puede mejorar gestión, pero también exige definir quién captura el valor. Abrir parcialmente la propiedad puede entregar recursos inmediatos, pero transformaría una decisión financiera en una disputa política de largo alcance.
La consigna no resuelve el problema, ya que ni la defensa ritual del Estado ni la fe automática en el mercado bastan para ordenar Codelco. La empresa necesita una estrategia de capital y productividad, no una guerra de símbolos. Requiere decisiones concretas que permitan asegurar su sostenibilidad y su aporte real al país.
El problema seguirá abierto
El Gobierno logró cerrar la puerta política a la privatización, pero no cerró el problema económico que hizo aparecer esa idea.
Codelco debe financiar inversiones, recuperar producción, controlar costos y sostener su aporte al Fisco sin seguir aumentando indefinidamente su deuda. Esa tarea será difícil incluso sin una disputa ideológica encima.
Por eso la intervención de Squella importa. No porque anticipe una privatización inmediata. No hay una decisión formal del Gobierno en esa dirección.
Importa porque mostró que la crisis financiera de Codelco ya empezó a romper el consenso cómodo dentro del oficialismo.
La Moneda quiere administrar el caso con gradualidad pero el Partido Republicano quiere usarlo para discutir el Estado empresario. Esa tensión recién comienza.
Codelco seguirá siendo estatal, al menos por ahora. Pero la discusión de fondo ya quedó instalada: si la principal empresa pública del país no recupera producción, caja y disciplina de inversión, la pregunta sobre capital privado volverá una y otra vez.
La deuda no privatiza por decreto, pero empuja debates que antes parecían intocables.
