Por José Santelices
El Partido de la Gente atraviesa por la crisis más delicada desde que entró al Congreso como una fuerza disruptiva, difícil de clasificar y útil para destrabar votaciones.
Durante un tiempo, esa ambigüedad fue su principal activo: el PDG no era plenamente oficialista ni totalmente opositor, y justamente por eso podía negociar, condicionar y moverse con margen. En un Congreso fragmentado, esa posición lo convirtió en una bisagra parlamentaria incómoda, pero funcional, donde pocos votos bastaban para elevar el precio de cualquier acuerdo.
Hoy el cuadro es distinto ya que el partido no solo enfrenta disputas internas o tensiones de liderazgo. Enfrenta una acumulación de indagatorias, denuncias y problemas administrativos que empiezan a poner en cuestión su capacidad de sostenerse como organización política regular, confiable y jurídicamente ordenada.
La paradoja es evidente: el PDG ganó peso político en el Parlamento justo cuando su estructura interna aparece más debilitada.
La denuncia del Servel cambió la escala del problema
El nuevo golpe vino desde el Servicio Electoral, que denunció ante Fiscalía presuntas irregularidades financieras del Partido de la Gente, causa que será investigada por la Fiscalía Centro Norte y que se suma a otras querellas e indagatorias vinculadas a la administración anterior del partido.
Ese punto cambia la escala del conflicto.
Hasta ahora, parte de la crisis del PDG podía ser presentada como una pelea interna, una disputa entre dirigentes o una herencia desordenada de antiguas administraciones. Pero cuando el organismo electoral lleva antecedentes al Ministerio Público, el problema deja de ser solo político. Entra en una dimensión administrativa, financiera y eventualmente penal.
Una fuente parlamentar que conoció desde dentro el funcionamiento del partido lo resume de manera directa: “Servel lo llevó al Ministerio Público por posibles delitos. Yo creo que es grave”.
La frase refleja una lectura instalada en sectores que estuvieron vinculados al PDG: la crisis ya no puede ser contenida solo con cambios de directiva ni con comunicados defensivos. El partido debe explicar balances, gastos, documentos, firmas, poderes y decisiones financieras que hoy están bajo revisión institucional.
Una crisis que viene acumulándose
La denuncia del Servel no aparece en el vacío.
El PDG ya arrastraba investigaciones por presunta falsificación de firmas y documentos internos. La exdiputada Karen Medina presentó una querella que apunta a eventuales irregularidades en la administración del expresidente Luis Moreno. A eso se sumó una nueva acción del exvicepresidente Jorge Passadore, quien acusó la utilización de un presunto poder falso para administrar recursos del partido.
El cuadro interno tampoco ayuda. En mayo, el Tribunal Supremo del PDG invalidó las elecciones internas realizadas en abril, luego de establecer que el proceso no reunía condiciones suficientes de certeza jurídica, trazabilidad y control documental. La resolución apuntó a inconsistencias en padrones, actas y diferencias entre votos y firmas, y ordenó repetir el proceso. Sin embargo, dentro del partido circula una lectura más política: diversas fuentes sostienen que la elección fue «echada abajo porque el resultado no favorecía a Franco Parisi» y alteraba el control de la colectividad.
Ese antecedente es relevante porque muestra que el problema no se limita a la contabilidad.
El partido enfrenta fallas en su gobernanza, en su control documental, en sus procesos electorales y en su capacidad de producir certezas internas. Para una colectividad que se construyó prometiendo representar a la gente común contra los partidos tradicionales, el deterioro administrativo es políticamente corrosivo.
El PDG acusó durante años a la política de funcionar mal y hoy debe demostrar que su propia casa funciona.
La salida de Vattuone y el lugar de Parisi
En ese contexto se produjo la renuncia de Rodrigo Vattuone a la presidencia del partido. Públicamente, la salida fue explicada por razones personales. Formalmente, la conducción quedó en manos de Denisse Catalán, mientras Franco Parisi asumió como secretario general.
Pero al interior del partido hay lecturas más duras.
Una fuente conocedora de la interna sostiene que la renuncia de Vattuone y la decisión de Parisi de no asumir directamente la presidencia deben leerse a la luz de la crisis abierta por las denuncias y observaciones financieras. “Por eso renunció el presidente y no asumió Parisi como presidente”, señala. Lo anterior es ratificado por un connotado exmilitante.
La versión no está oficialmente acreditada y requiere nuevos contrastes, pero instala una pregunta política central: por qué el principal liderazgo del PDG prefirió quedar en una posición operativa relevante, pero no asumir formalmente la presidencia en medio del momento más complejo del partido.
El movimiento es significativo ya que como secretario general, Parisi queda cerca de la conducción, la estructura y la operación política. Pero no carga de la misma manera con el costo formal de presidir una colectividad golpeada por denuncias del Servel, querellas internas y procesos electorales anulados.
En términos políticos, eso permite influencia sin máxima exposición.
La nueva conducción y la duda sobre la autonomía
La llegada de Denisse Catalán a la presidencia abrió otra inquietud dentro del PDG.
La fuente consultada por En-Off describe a la nueva presidenta como una figura con escasa experiencia política y funcional al liderazgo de Parisi. No se trata todavía de un hecho acreditado documentalmente, sino de una lectura interna que deberá ser contrastada con otros personeros de la colectividad.
Pero el punto político es claro: si Catalán logra ordenar al partido, enfrentar al Servel, responder ante la Fiscalía y conducir un nuevo ciclo interno, podrá construir autoridad propia. Si no lo consigue, quedará instalada la idea de que su presidencia opera más como una solución de continuidad que como una conducción autónoma.
Esa distinción es relevante porque el PDG no solo necesita una cara formal, sino que requiere de una conducción capaz de enfrentar una crisis institucional.
La pregunta que cabe hacerse, entonces, no es solo quién ocupa la presidencia, sino que hay que preguntarse quién manda realmente, quién controla la documentación, quién negocia con el Servel, quién responde ante la Fiscalía y quién asume el costo si el problema escala.
De partido bisagra a partido vulnerable
El PDG conserva valor parlamentario. Sus votos todavía pueden importar en proyectos clave y su bancada mantiene capacidad de negociación en un Congreso estrecho. Por eso, desde la bancada han intentado separar las investigaciones administrativas del rol legislativo actual del partido.
Esa defensa tiene sentido político, pero no elimina el problema de fondo.
Un partido puede funcionar como bisagra mientras conserva votos útiles, incluso si su estructura interna está deteriorada. El problema aparece cuando esa fragilidad deja de ser un asunto doméstico y empieza a condicionar su legitimidad pública. En ese punto, ya no se trata solo de cómo vota el PDG en el Congreso, sino si está en condiciones de ordenar sus balances, validar sus procesos internos y responder ante el Ministerio Público.
Ese es el cambio de etapa: el PDG ya no solo negocia poder sino que ahora debe defender su propia viabilidad institucional.
Y eso altera su posición frente al resto del sistema político. Un partido bajo amenaza administrativa y judicial pierde margen para actuar como árbitro. Cada negociación parlamentaria queda cruzada por una duda adicional: cuánto pesa realmente una bancada cuyo partido enfrenta problemas de supervivencia orgánica.
Lo confirmado y lo pendiente
Hasta ahora, hay hechos confirmados.
El Servel presentó antecedentes ante la Fiscalía por presuntas irregularidades financieras. Existen querellas vinculadas a falsificación de firmas, documentos internos y uso de un presunto poder falso. El Tribunal Supremo del partido anuló elecciones internas por inconsistencias graves. Rodrigo Vattuone renunció a la presidencia. Denisse Catalán asumió la conducción y Franco Parisi quedó como secretario general.
También hay versiones internas que requieren más contraste.
Una fuente conocedora del funcionamiento del PDG sostiene que Parisi evitó asumir la presidencia por la gravedad de la crisis y que la nueva conducción carecería de autonomía real frente a él. Esa misma fuente advierte preocupación por el manejo de la documentación financiera y administrativa requerida por los órganos fiscalizadores.
Ese último punto debe tratarse con cautela. No hay, hasta ahora, antecedentes suficientes para afirmar destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas. Lo que sí existe es una preocupación política e institucional evidente: en medio de investigaciones abiertas, el control de documentos, respaldos, balances, poderes y cuentas del partido se convierte en un asunto crítico.
Lo que viene
La crisis del PDG recién entra en una etapa más peligrosa.
Si la Fiscalía avanza en diligencias, si el Servel endurece observaciones o si aparecen nuevos antecedentes documentales, el partido podría pasar de una crisis interna a una amenaza mayor sobre su continuidad política. La discusión ya no será solo quién manda, sino si la colectividad puede demostrar que cumple los estándares mínimos exigidos a un partido financiado con recursos públicos.
Parisi vuelve al centro de la operación en el peor momento administrativo del PDG y ese dato no es menor. Su liderazgo sigue siendo el principal capital político del partido, pero también puede convertirse en su principal punto de tensión si la nueva conducción aparece demasiado dependiente de él.
El PDG nació como una impugnación a los partidos tradicionales. Hoy enfrenta la prueba más básica de cualquier organización política: rendir cuentas, ordenar su estructura y responder ante la institucionalidad.
Pasó de ser bisagra parlamentaria a partido bajo amenaza y ahora deberá demostrar si todavía es una fuerza política o apenas una marca electoral intentando sobrevivir a sus propias cuentas.
