Por José Santelices. Periodista, analista político | GEOPOLÍTICA
Durante la madrugada del 5 de agosto, Rusia lanzó una serie de ataques contra siete centros logísticos en Kiev y sus alrededores, en una operación que Moscú justificó alegando que en esas instalaciones se almacenaban componentes para drones y otros productos de doble uso. Entre los objetivos señalados figuraban recintos de Nova Poshta, la principal empresa privada de encomiendas de Ucrania, que Kiev defendió como infraestructura estrictamente civil. La ofensiva dejó 17 muertos y más de 40 heridos, según las autoridades ucranianas.
Esa misma noche, drones ucranianos golpearon otro centro de distribución de Wildberries, la mayor plataforma de comercio electrónico de Rusia. Desde el 18 de julio, Ucrania ha atacado al menos veinte de sus almacenes. Kiev afirma que la empresa distribuye sistemas de navegación, componentes de drones y equipamiento destinado al Ejército ruso. Wildberries lo niega y acusa una campaña deliberada contra trabajadores, comerciantes y consumidores.
La cobertura occidental suele presentar ambos episodios de manera diferente. Cuando Rusia destruye un almacén ucraniano, el punto de partida es que atacó una empresa civil. Cuando Ucrania golpea un centro comercial ruso, la acción se describe como una operación contra la logística militar o como una extensión de las sanciones económicas.
Esa diferencia puede coincidir con los hechos en un caso concreto, pero no puede aceptarse como regla previa. La nacionalidad del atacante no determina si un objetivo es militar y tampoco convierte automáticamente su explicación en verdad o propaganda.
La guerra entró a los centros de distribución
La ofensiva contra Wildberries representa un salto dentro de la estrategia ucraniana. Hasta hace poco, los ataques de largo alcance se concentraban principalmente en refinerías, depósitos de combustible, terminales petroleros, fábricas militares y aeródromos. Ahora incluyen una empresa que ocupa un lugar central en el consumo cotidiano ruso.
Volodímir Zelenski justificó los primeros ataques señalando que los almacenes distribuían equipos utilizados en la guerra, entre ellos sistemas de navegación y componentes para fabricar drones. También presentó la campaña como una forma de devolver la guerra al territorio ruso y elevar el costo de la invasión.
Tatyana Kim, fundadora de Wildberries, sostiene una versión completamente distinta. Afirma que sus centros venden mercancías disponibles también en Amazon o Alibaba, que las acusaciones ucranianas no han sido demostradas y que el verdadero propósito de los ataques es desestabilizar la economía, provocar miedo y presionar a la población civil. Las operaciones han afectado a comerciantes de diez países y obligaron a la compañía a reorganizar su red logística.
La posición rusa plantea una pregunta legítima: ¿basta con que una plataforma comercial venda productos susceptibles de uso militar para convertir toda su red de almacenes en un objetivo?
La respuesta no puede depender de que la empresa sea rusa o ucraniana. Un centro logístico puede perder su protección civil si contribuye efectivamente a una operación militar y su destrucción entrega una ventaja militar concreta. Pero no toda empresa que distribuye baterías, sistemas de navegación, ropa táctica o componentes electrónicos cumple automáticamente esa condición.
Aceptar una interpretación ilimitada permitiría atacar supermercados, empresas de transporte, servicios postales, plataformas digitales y fábricas civiles porque algunos de sus productos terminan en manos de las Fuerzas Armadas.
La misma justificación sirve para ambos lados
Rusia emplea frente a Nova Poshta y Rozetka el mismo argumento que Ucrania utiliza contra Wildberries: instalaciones formalmente civiles cumplirían una función dentro de la cadena de abastecimiento militar.
Moscú afirmó que los centros atacados el 5 de agosto almacenaban drones, componentes aeronáuticos y mercancías de doble uso. Si esa afirmación es correcta, los centros son objetivos militares legítimos por su contribución directa al esfuerzo bélico, y su destrucción estaría justificada conforme al derecho internacional humanitario.
La magnitud del ataque, el tipo de armamento empleado y la muerte de civiles obligan a examinar la proporcionalidad de la operación y las precauciones adoptadas por ambas partes en la conducción de la guerra. Las explicaciones del Ministerio de Defensa ruso forman parte de esa evaluación, en la medida en que buscan justificar la legalidad del ataque. Del mismo modo, el análisis no puede depender únicamente del origen de la acusación ni del país que la formula.
El derecho internacional humanitario establece dos requisitos acumulativos. El objeto debe contribuir efectivamente a la acción militar, y su destrucción debe ofrecer una ventaja militar definida en las circunstancias existentes. Incluso cuando esos requisitos se cumplen, el atacante debe evitar daños civiles excesivos y adoptar precauciones.
Esto vale para Nova Poshta y también para Wildberries.
La responsabilidad de Rusia por haber lanzado la invasión no convierte todos los ataques ucranianos en legítimos. Ucrania tiene derecho a defenderse y a atacar objetivos militares dentro de Rusia. Ese derecho no incluye utilizar la economía civil como blanco general ni castigar a la población para obligar al Kremlin a modificar su conducta.
Las sanciones dejaron de ser financieras
La expansión hacia los almacenes forma parte de una campaña más amplia que Kiev denomina “sanciones de largo alcance” o “sanciones cinéticas”. Su propósito es destruir físicamente las fuentes de ingresos y las capacidades industriales que las restricciones financieras occidentales no han logrado paralizar.
Durante el primer semestre de 2026, Ucrania golpeó con éxito 194 instalaciones energéticas rusas, once veces más que en el mismo periodo del año anterior. Dieciocho refinerías fueron atacadas y, durante julio, la capacidad rusa de refinación cayó a cerca del 57% de su nivel total, según un análisis de Steptoe. Rusia respondió con restricciones y prohibiciones a la exportación de combustibles para proteger su mercado interno.
La campaña tiene una lógica militar y fiscal. El petróleo financia al Estado ruso, sostiene sus importaciones y permite mantener la producción de armamento. Reducir esos ingresos puede debilitar la capacidad de Moscú para prolongar la guerra.
El problema aparece cuando el objetivo deja de ser una instalación concreta que contribuye a las operaciones militares y pasa a ser el funcionamiento general de la economía. Steptoe señala que Ucrania busca intensificar la presión política interna, afectar la reconstrucción industrial y elevar el costo cotidiano del conflicto. Kiev ya no apunta sólo a reducir el abastecimiento del frente, sino también a crear dificultades económicas dentro de Rusia.
La expresión “sanciones cinéticas” suaviza esa realidad. Una sanción financiera congela activos, limita transacciones o restringe exportaciones. Una sanción cinética utiliza explosivos, destruye instalaciones y puede matar a trabajadores civiles.
El término presenta la violencia militar como una prolongación técnica de la política económica. Es una fórmula eficaz de comunicación, pero oculta que el método consiste en atacar físicamente la infraestructura productiva y logística de otro país.
La guerra económica golpea a terceros
Los efectos tampoco quedan contenidos dentro de Rusia. Los ataques en el mar Negro han afectado al Consorcio del Oleoducto del Caspio, la principal vía de exportación del petróleo kazajo. Esa ruta transporta cerca del 1,8% del suministro mundial y conduce crudo producido, en gran medida, por compañías de Estados Unidos y Europa.
Las amenazas contra buques y terminales provocaron suspensiones, dificultades para contratar barcos y un aumento del riesgo marítimo. Durante julio, la producción petrolera de Kazajistán cayó un 14%, mientras algunas empresas comenzaron a buscar rutas alternativas por ferrocarril.
Moscú acusó a Kiev de intentar desestabilizar el mercado mundial de energía. Ucrania no se atribuyó los ataques contra el terminal ni explicó por qué una campaña dirigida contra Rusia terminó afectando la principal salida del crudo kazajo.
Este punto muestra una contradicción creciente entre Ucrania y sus aliados occidentales. Estados Unidos y Europa han tratado de reducir los ingresos rusos sin retirar grandes volúmenes de petróleo del mercado. El límite de precios busca que Rusia siga exportando, aunque reciba menos dinero.
Ucrania persigue algo diferente: reducir físicamente la producción, la refinación y la capacidad exportadora. Esa estrategia puede golpear con mayor fuerza las finanzas rusas, pero también encarece los combustibles, perjudica a terceros países y amenaza las fuentes de energía que Europa necesita para disminuir su dependencia de Moscú.
Occidente quiere que Rusia venda petróleo más barato y Ucrania pretende que venda menos. La diferencia puede transformarse en un conflicto político si los ataques ucranianos continúan afectando el petróleo kazajo, las aseguradoras occidentales, los armadores y la estabilidad del mercado energético.
La economía civil pierde su protección
Rusia sostiene que los ataques contra Wildberries constituyen terrorismo porque se dirigen contra infraestructura civil comercial sin valor militar directo, afectan a trabajadores y consumidores, y buscan intimidar a la población y desestabilizar la economía interna. Ucrania descalifica los bombardeos contra Nova Poshta, Rozetka y otras empresas. Cada parte presenta sus propios objetivos como militares y los del adversario como civiles y ambas narrativas persiguen una finalidad evidente.
El trabajo periodístico no consiste en escoger automáticamente uno de esos relatos. Exige preguntar qué función cumplía cada instalación, qué evidencia respalda la acusación, qué ventaja militar ofrecía su destrucción y qué riesgo se impuso a los civiles.
La posición rusa no debe aceptarse por el solo hecho de romper el consenso occidental y tampoco debe ignorarse porque contradiga el relato ucraniano. Moscú puede utilizar propaganda y, al mismo tiempo, señalar una contradicción verdadera: Kiev reivindica el derecho a atacar redes comerciales rusas mientras denuncia como terrorismo el uso de esa misma doctrina contra su propia infraestructura.
El conflicto económico está borrando la frontera que protegía a las empresas civiles. Refinerías, plataformas de comercio electrónico, terminales, almacenes, servicios postales y barcos mercantes ingresan progresivamente en el campo de batalla.
Ese proceso puede continuar mucho después de Ucrania. Si destruir la economía del adversario pasa a considerarse una forma normal de sanción, las cadenas de suministro civiles serán objetivos cada vez más frecuentes en las guerras futuras.
La consecuencia será grave: bastará una conexión indirecta con el Estado o las Fuerzas Armadas para justificar ataques contra la infraestructura de la que depende la vida cotidiana.
