Por Claudia Awad, abogada | opinión
Se ha vuelto costumbre en la política chilena. Cada vez que el gobierno de turno comete un error, la oposición sale a rasgar vestiduras y a exigir responsabilidades. En no pocos casos llega al extremo de promover acusaciones constitucionales. Nada de eso sería reprochable si no fuera porque muchos de los que hoy se declaran indignados cometieron ayer las mismas prácticas que ahora condenan. Cuando eso ocurre, la fiscalización deja de verse como tal y pesa sobre ella un manto de dudas y sospechas de cinismo.
Lo vimos con el financiamiento de la política y lo vemos hoy con la rebaja de penas por buena conducta a delincuentes condenados. La actitud hace recordar a la vieja frase atribuida a Groucho Marx: «Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros». Eso tiene un nombre, y es oportunismo.
En algún momento, el eje de la política se desplazó del honor al interés. El relativismo moral también influyó en ese cambio: la confianza que antes se ganaba siendo consecuente y coherente parece haber perdido valor. La idea de pensar como se vive y vivir como se piensa quedó reducida a una frase bonita para un discurso.
Parte de esta decadencia se explica, en cierta medida, por algo elemental que hemos olvidado: el principio de no contradicción, según el cual una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. El debate de estas semanas lo ilustra con precisión. En los últimos cinco años se concedieron 332 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales, y 276 de ellas durante el gobierno de Gabriel Boric. Hoy, parlamentarios de partidos que integraron esa administración califican de «máxima gravedad» las 56 firmadas por el ministro Rabat y estudian acusarlo constitucionalmente. Se dirá que no es lo mismo, que entonces se firmaba por orden de los tribunales. Puede ser. Pero el argumento de fondo, que la ley y la jurisprudencia obligaban, es el mismo que hoy esgrime el ministro y que esos mismos sectores se niegan a escuchar. Una misma conducta no puede ser aceptable cuando la cometen los propios y abominable cuando la cometen los ajenos.
Es lo que Michael Sandel, en Filosofía pública, llama la política de la virtud fácil. Consiste en acomodar la conciencia y presentarse ante la opinión pública como defensor de los valores y guardián de la ciudadanía, sin pagar el costo de la coherencia. Que quede claro: la oposición debe fiscalizar. Para eso está, y a la democracia le hace bien que lo haga con rigor. Pero fiscalizar es muy distinto a reprocharle al adversario actos que se apegan a ley y además que el propio fiscalizador realizó antes. Por un lado, sirve para lavar la imagen. Por otro, es el atajo más cómodo para que el político se posicione a sí mismo o a su partido.
Tampoco se trata de exigir personas inmaculadas en política. No existen, y nadie sensato lo espera. Tampoco corresponde juzgar a alguien para siempre por su pasado si en el presente ha abandonado esas conductas. Lo que se pide es mucho más simple: coherencia. Y, sobre todo, no quedarse al acecho, esperando el primer tropiezo ajeno para sacar ventaja personal o partidaria.
El problema es que funciona. La indignación selectiva rinde titulares, cuñas y puntos en las encuestas, y mientras rinda, seguirá siendo la regla. Pero tiene un costo. Cada vez que un político condena en otro lo que se permitió a sí mismo, la ciudadanía aprende que los principios son negociables. Al final, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué debe perseguir un político? Ni más ni menos que el bien común. Quien acomoda su conciencia según sople el viento podrá ganarse una semana de titulares, pero el costo lo pagamos todos: la pérdida de la fe pública, esa credibilidad que tarda años en construirse y sin la cual es imposible pensar en buenas políticas de país a largo plazo.
