Por Marcelo Soto
La región comprendida entre el sur del Biobío y la región de Los Lagos, reconocida por su riqueza agrícola y forestal, ha experimentado en las últimas décadas una alarmante degradación de sus suelos.
Diversos informes de entidades ambientales y académicas señalan que esta problemática se debe en gran medida a las prácticas intensivas de producción agrícola que, fundamentalmente, empresas extranjeras han llevado a cabo en la zona. Estas empresas, enfocadas en maximizar el rendimiento económico a corto plazo, han implementado monocultivos y técnicas de cultivo intensivo que, al no contar con las adecuadas medidas de regeneración y conservación, han dejado a los suelos agotados y con una fertilidad muy reducida.
Esto no solo ha afectado la biodiversidad, sino también a la economía local y nacional, pues muchas áreas agrícolas han quedado inservibles y requieren de costosos procesos de recuperación para ser nuevamente productivas.
Impacto de las prácticas agrícolas intensivas
La erosión y la pérdida de nutrientes esenciales en el suelo son consecuencias directas de prácticas agrícolas intensivas que han priorizado la extracción de recursos sin considerar la capacidad de regeneración del suelo.
Según un informe reciente de la Universidad de Chile, la erosión afecta actualmente a casi el 49% del territorio nacional, y esta cifra se incrementa en áreas de alta explotación agrícola.
Los suelos erosionados no solo pierden su fertilidad, sino que se convierten en fuentes de contaminación para los cuerpos de agua circundantes, ya que el uso de fertilizantes y pesticidas en estas áreas contribuye a la contaminación de ríos y lagos. Además, el monocultivo, una práctica frecuente entre estas empresas, disminuye la biodiversidad del suelo, afectando a microorganismos y especies vegetales que son esenciales para mantener un ecosistema equilibrado y saludable.
Explotación de otros recursos naturales
El impacto ambiental de las empresas transnacionales no se limita solo a la agricultura, sino que también abarca la explotación de otros recursos naturales. La tala de bosques nativos y la expansión de plantaciones forestales con especies como el pino y el eucalipto, son ejemplos de actividades que han alterado de forma drástica los ecosistemas locales.
Esta deforestación ha afectado gravemente a las cuencas hidrográficas, ya que las plantaciones de pino y eucalipto absorben grandes cantidades de agua, disminuyendo el caudal de los ríos y afectando a las comunidades que dependen de ellos. A esto se suma la explotación minera en algunas áreas, que no solo afecta la calidad del suelo, sino también la del agua y el aire, generando residuos tóxicos que impactan tanto a la fauna como a la flora nativa.
Estas actividades depredadoras tienen consecuencias a largo plazo en la capacidad del ecosistema para recuperarse y mantener su equilibrio natural.
Contradicciones con tratados internacionales
Las prácticas extractivas de estas empresas transnacionales entran en conflicto con los compromisos ambientales que nuestro país ha adquirido en el ámbito internacional.
Chile es signatario de acuerdos como el Acuerdo de París, que promueve políticas de desarrollo sostenible y compromete a los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Además, Chile forma parte del Acuerdo de Escazú, que promueve el derecho de acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales, especialmente para proteger a las comunidades locales afectadas.
Sin embargo, la implementación efectiva de estos tratados ha sido limitada, lo que permite que las empresas extranjeras continúen operando con escasa regulación ambiental. Esta falta de fiscalización pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos y afecta la reputación internacional del país, que, a nivel interno, experimenta una contradicción evidente entre los objetivos de protección ambiental y la permisividad con actividades extractivas.
Necesidad de políticas públicas y regulaciones efectivas
Para abordar la degradación ambiental y la explotación irresponsable de recursos, es fundamental que el Estado implemente políticas públicas orientadas a la sostenibilidad y la regeneración de suelos y ecosistemas.
Estas políticas deben incluir la restauración de tierras degradadas, la promoción de prácticas de cultivo regenerativo, y el fomento de la agricultura sostenible que respete los ciclos naturales del suelo.
Además, se necesita una mayor fiscalización de las actividades empresariales y sanciones para aquellas compañías que incumplan las normativas ambientales. El Estado también debe fomentar la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones, de modo que sus necesidades y conocimientos tradicionales puedan ser incorporados en los planes de manejo y conservación.
