Por José Santelices
Decir que Chile está en problemas no es novedad. Cada día, los medios de comunicación nos actualizan sobre la delincuencia, el crimen organizado, la violencia, la precariedad de la salud pública, la educación pública debilitada, y la corrupción. Estos temas dominan la agenda y afectan profundamente el ánimo de la gente.
Sin embargo, se habla poco de una crisis igualmente devastadora: la crisis económica.
El Deterioro de la clase media y el aumento de la vulnerabilidad
Un estudio de Equifax en 2023, reveló una preocupante realidad: en un año, más de 135 mil chilenos dejaron de pertenecer a la clase media, pasando a formar parte de los segmentos vulnerables. Este descenso en la movilidad social está acompañado de una situación económica que se agrava semana a semana.
Según datos recientes del Banco Central y el INE, el país ha enfrentado una inflación persistente que, aunque ha mostrado leves descensos, sigue impactando negativamente en los hogares. La inflación en alimentos y servicios básicos sigue por encima del promedio, dificultando que muchas familias puedan cubrir sus necesidades sin endeudarse.
El desempleo también ha subido en las principales regiones urbanas, especialmente en sectores como construcción y comercio. Las empresas quiebran, y el estrés financiero es cada vez mayor para las familias. Con una ley de quiebras y reorganizaciones que es criticada por su falta de eficiencia, surgen cuestionamientos sobre la protección de los trabajadores y la relación entre los derechos laborales y los intereses de los acreedores.
Distorsiones del mercado y competencia desleal
En un contexto de libre mercado, la competencia debería basarse en condiciones equitativas, donde factores como calidad, precio e innovación sean los determinantes del éxito. Sin embargo, el mercado nacional está continuamente golpeado por prácticas anticompetitivas y distorsiones. La legislación vigente no solo es laxa, sino que también carece de un órgano fiscalizador con suficiente autoridad para hacer cumplir las normativas.
La existencia de monopolios y oligopsonios, que concentran el poder en sectores claves como energía y telecomunicaciones, permite que pocos actores impongan precios y reduzcan la competitividad. Esto afecta tanto a los consumidores como a las pymes, que enfrentan dificultades para entrar en el mercado o competir en condiciones justas. Recientemente, han surgido denuncias en la Fiscalía Nacional Económica sobre colusión y abuso de posición dominante en mercados que deberían promover una competencia sana.
El Estado en deuda: necesidad de reformas urgentes
Hasta ahora, el Estado ha mostrado una inacción preocupante frente a los factores que agudizan la crisis económica. La responsabilidad de nivelar el campo de juego recae en el gobierno y el Congreso, quienes deben implementar reformas para proteger a los consumidores y fomentar un mercado justo. Es fundamental asegurar que las pymes tengan condiciones adecuadas para competir, sin quedar a merced de prácticas desleales o monopolios.
Frente a la compleja situación económica y social, es esencial avanzar en una legislación más estricta y en mecanismos de supervisión efectivos. La economía chilena requiere no solo ajustes técnicos, sino un compromiso real con la transparencia y la justicia económica, dejando de lado la trampa y la falta de regulación que hasta ahora han caracterizado muchos sectores.
