Por En-Off
A medida que se aproximan la segunda vuelta para elegir gobernador regional en la Región Metropolitana, el candidato oficialista, Claudio Orrego, enfrenta cuestionamientos que podrían influir en la percepción de los votantes, elemento que no ha sido, hasta ahora, explotado por su contendor, Francisco Orrego.
La vinculación con la Fundación ProCultura del candidato a la reelección, ha destapado una serie de sospechas por tráfico de influencias y una posible asignación irregular de recursos públicos, lo que debería poner en jaque su candidatura en un contexto político de alta sensibilidad hacia la transparencia y la probidad.
La trama del Caso ProCultura
El origen de la controversia se remonta a junio de 2022, cuando el Consejo Regional Metropolitano aprobó una propuesta de Orrego para designar a Alberto Larraín, fundador de ProCultura, como director de la Corporación Regional de Santiago, una entidad presidida por el propio gobernador.
Solo tres semanas después de esta designación, el gobierno regional, liderado por Orrego, autorizó una millonaria transferencia de fondos a ProCultura, específicamente $1.683.788.000, destinados al programa de prevención de suicidios «Quédate».
Esta secuencia de eventos ha desatado dudas entre críticos y expertos en probidad, quienes señalan que la cercanía entre Larraín y el gobernador podría haber influido en la asignación de fondos a su fundación. Estas decisiones no solo han suscitado sospechas en el ámbito público, sino que también han captado la atención de la Fiscalía, que investiga posibles irregularidades en la asignación de estos recursos.
Para el fiscal Carlos Palma, quien lidera la investigación, Orrego representa un “sujeto de interés” en la arista de tráfico de influencias dentro del caso, un estatus que implica la necesidad de indagar en sus decisiones como autoridad regional.
La justicia y los obstáculos en la investigación
La Fiscalía ha intentado avanzar en la pesquisa con diligencias que incluyen una solicitud de allanamiento al Gobierno Regional Metropolitano y la incautación de dispositivos electrónicos del equipo de Orrego, en un esfuerzo por esclarecer la supuesta red de influencias. Sin embargo, estas medidas fueron rechazadas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que consideró que los antecedentes presentados hasta el momento eran insuficientes para justificar dichas acciones.
A pesar de este revés judicial, la investigación continúa avanzando, y el estatus de Orrego como “sujeto de interés” deja claro que el Ministerio Público considera relevantes sus decisiones y relaciones en la gestión de los recursos públicos.
La respuesta de Orrego y la querella contra ProCultura
Frente a las acusaciones y el incumplimiento de ProCultura en la restitución de más de $1.000 millones, el Gobierno Regional Metropolitano, bajo la dirección de Orrego, presentó una querella por apropiación indebida contra la fundación y su representante legal, María Constanza Gómez.
En declaraciones públicas, Orrego ha señalado que los actos de ProCultura y la aseguradora involucrada, Porvenir, constituyen más que un simple error: “Es mucho más que un engaño. Es un delito”, afirmó, buscando subrayar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Esta querella busca desmarcar al gobernador de las decisiones de la fundación y posicionarlo como un defensor de la legalidad en el uso de los fondos públicos, en un intento por reparar el daño reputacional generado por el escándalo.
Las alianzas políticas en juego y el impacto en la candidatura
Los cuestionamientos en torno a ProCultura no solo han tenido repercusiones judiciales, sino que también han impactado el respaldo político de Orrego.
Desde su renuncia a la Democracia Cristiana en octubre de 2022, el gobernador ha recibido apoyos de sectores que han sorprendido tanto a su círculo como a la opinión pública, entre ellos el respaldo del Partido Comunista, una alianza inusual que ha generado tensiones en el seno de algunos partidos y en la coalición de centroizquierda.
Este acercamiento, que en otro contexto podría haber sido una muestra de ampliación de su base política, ha sido interpretado como un intento de fortalecer su candidatura frente a la pérdida de apoyo de su partido tradicional. Sin embargo, estas nuevas alianzas también han despertado críticas sobre su coherencia política y sobre los compromisos que podría implicar para su futura gestión.
Reflexiones para el electorado
El Caso ProCultura representa un desafío para la candidatura de Claudio Orrego, quien enfrenta no solo cuestionamientos legales, sino también una serie de dilemas éticos y políticos que el electorado no pasará o al menos no debiera pasar por alto. En un contexto en el que la demanda por mayor transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos está en auge, estos antecedentes pueden convertirse en un factor determinante en las próximas elecciones para gobernador.
Los votantes tendrán que evaluar si las decisiones de Claudio Orrego en relación con ProCultura, así como sus recientes alianzas políticas, son coherentes con los principios de buena gobernanza y compromiso con la región.
La historia de ProCultura y los fondos asignados ponen en primer plano el debate sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder, temas que definirán en gran medida el futuro de la Región Metropolitana y la confianza del electorado en sus autoridades.
