Por José Santelices | ANÁLISIS
En octubre de 2024, en En-Off publicamos una investigación que levantó alertas sobre el rol del gobernador metropolitano Claudio Orrego en el Caso ProCultura, un entramado de triangulación de recursos fiscales que expuso prácticas de asignación discrecional, vínculos poco transparentes y posible tráfico de influencias. Lee la nota original aquí
Después de varios meses, el caso ha regresado con fuerza a la agenda pública, y no por avances judiciales ejemplares, sino porque nuevas revelaciones e inconsistencias en las defensas de la autoridad han hecho insostenible el relato de «desconocimiento» o “inocencia institucional” que Orrego ha intentado sostener.
¿Qué ha pasado desde entonces?
En los últimos días, han surgido nuevos antecedentes que confirman que la Gobernación no solo estaba al tanto de los convenios con Procultura, sino que avaló mecanismos de financiamiento sin mayor fiscalización, particularmente en proyectos de recuperación patrimonial y actividades culturales “territoriales” que, en los hechos, se transformaron en instrumentos de intervención política y redes clientelares.
Los documentos más recientes, revelados por medios nacionales y refrendados por fuentes internas del GORE Metropolitano, evidencian una participación activa de asesores de confianza de Orrego en la estructuración de los convenios, algunos de los cuales fueron visados directamente por su equipo de gabinete.
El “sello Orrego”: clientelismo con estética ciudadana
La estrategia comunicacional del gobernador ha sido, desde el inicio de su gestión, construir una imagen de “progresismo técnico”, con discursos sobre equidad urbana, justicia territorial y participación ciudadana. Sin embargo, el Caso Procultura desnuda un modus operandi heredado de algunos personeros de la vieja Concertación: discursos progresistas para la prensa, mientras se reparten recursos entre operadores amigos con fines políticos más que sociales.
Orrego ha intentado blindarse afirmando que “la Gobernación fue víctima del modelo” o que “todo se hizo dentro del marco legal”, pero la documentación interna, las boletas infladas y las rendiciones opacas desmienten esa narrativa. No hay ingenuidad cuando se reparten más de mil millones de pesos sin licitación ni control de impacto.
¿Gobierno Regional o agencia de empleos?
La pregunta que hoy surge con fuerza es si la Gobernación de Orrego ha operado como una verdadera instancia de desarrollo regional o simplemente como una plataforma para consolidar redes políticas y sostener operadores en año preelectoral.
En octubre pasado advertimos en En-Off que los convenios con Procultura no eran un hecho aislado, sino parte de una arquitectura de financiamiento paralelo en que fundaciones “de confianza” operaban como intermediarios entre fondos públicos y fines políticos. Hoy esa hipótesis está más vigente que nunca.
¿Y ahora qué?
El silencio de Orrego ante los nuevos antecedentes es escandaloso, y su negativa a asumir responsabilidades políticas lo posiciona más cerca de la impunidad que del liderazgo democrático que dice encarnar. Ya no basta con decir que “todo está en Contraloría”; el estándar ha cambiado y la ciudadanía exige explicaciones, transparencia y consecuencias.
Si Claudio Orrego aspira a proyectarse políticamente más allá de la Región Metropolitana, tendrá que responder no solo por lo que firmó, sino por lo que permitió. Porque en política, la omisión también es una forma de corrupción.
