Por Claudia Awad, abogado | OPINIÓN
Pocas expresiones han escalado tan vertiginosamente en el debate público contemporáneo como la de justicia social. En apariencia noble e incuestionable, esta consigna se ha instalado como un mantra en discursos políticos, programas de gobierno y movimientos sociales. Pero detrás de esa aura virtuosa, ¿entendemos realmente lo que implica? ¿O hemos sido testigos —y quizás cómplices— de su progresiva distorsión?
En nombre de la justicia social, hoy se promueven políticas de fuerte intervención estatal, se justifican nuevos impuestos, se consolidan beneficios diferenciados para ciertos colectivos y se amplían estructuras públicas que muchas veces operan al margen del mérito o la eficiencia. Sin embargo, si exploramos su origen, descubrimos un concepto mucho más sobrio, exigente y menos proclive al uso ideológico.
La idea de justicia ha sido objeto de reflexión filosófica desde los tiempos de Platón, pero la expresión justicia social es un invento bastante más reciente. Fue el sacerdote jesuita y economista Luigi Taparelli quien, en 1843, acuñó el término desde una mirada profundamente enraizada en la tradición de la Iglesia Católica. Para Taparelli, la justicia social implicaba igual dignidad en los derechos fundamentales de toda persona humana, no una nivelación artificial de resultados o condiciones materiales.
Ese espíritu se mantiene en el pensamiento social cristiano hasta hoy. El Catecismo de la Iglesia Católica (n.º 1928) afirma que la justicia social se logra cuando se crean condiciones que permitan a cada persona —y a cada grupo— alcanzar lo que le corresponde según su naturaleza y su vocación. Esto no tiene que ver con imponer uniformidad, sino con garantizar libertad real y acceso equitativo a oportunidades, siempre en función del bien común.
Nuestra Constitución, en su artículo primero, recoge esta misma lógica: el Estado está al servicio de la persona humana y debe propiciar las condiciones sociales que permitan su más plena realización. No dice que deba igualar resultados ni distribuir trofeos sin carrera previa. Dice que debe habilitar caminos.
En ese sentido, la verdadera justicia social se parece más a una competencia justa que a una repartición de premios. Lo justo es que todos partamos de una línea común, con reglas claras, y que el esfuerzo y el talento tengan valor. Lo injusto no es que haya ganadores, sino que algunos nunca tengan la posibilidad de correr.
El problema aparece cuando el concepto se vacía de contenido ético y se llena de consignas políticas. En manos de ciertos sectores, la justicia social ha devenido en un pretexto para ampliar indefinidamente la presencia del Estado, multiplicar subsidios, crear beneficios diferenciados y fomentar la fragmentación en base a identidades o agravios históricos.
Colectivos feministas, sindicatos, movimientos identitarios y múltiples causas sectoriales apelan a una lógica de reparación constante: más recursos, más intervención, más burocracia. El resultado es un modelo que termina debilitando la igualdad ante la ley, desincentivando la generación de riqueza y erosionando la cohesión social.
La paradoja es evidente: en nombre de la justicia, se terminan consagrando nuevas formas de privilegio. Se sustituye la dignidad individual por una pertenencia grupal. Se sacrifica la libertad en aras de una supuesta equidad. Y el Estado, en lugar de árbitro imparcial, se convierte en un actor con favoritismos ideológicos.
La verdadera justicia social —aquella que vale la pena defender— no consiste en imponer igualdades forzadas ni en construir una burocracia moral. Su desafío es más profundo: garantizar que cada persona pueda, en libertad y con dignidad, desarrollar su vocación, participar en la vida común y contribuir a una sociedad más humana.
Todo lo demás, por muy bien intencionado que parezca, es apenas un disfraz retórico que convierte una aspiración noble en una herramienta de poder.
