Por su importancia, reproducimos el siguiente pronunciamiento público de la Coordinación de Derechos Humanos de los Partidos de Izquierda y Centro–Izquierda:
Frente a los antecedentes conocidos respecto del caso de Bernarda Vera, desde la Coordinación de Derechos Humanos de los Partidos de Izquierda y Centro–Izquierda, declaramos lo siguiente:
1. Reconocemos la trascendental e histórica labor realizada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, cuyo informe –elaborado en los primeros años de la recuperación democrática– permitió, a partir de antecedentes judiciales y otros que fueron por la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, testimonios y otras fuentes, establecer rigurosamente la verdad histórica sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil–militar. Valoramos profundamente este trabajo, realizado en un contexto de silencios institucionales por parte de las Fuerzas Armadas y con las limitadas herramientas judiciales y científicas disponibles a la altura de 1990.
2. Destacamos la labor que realiza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, el que constituye un paso fundamental para avanzar en la trazabilidad de los casos de desaparición forzada. Sabemos que este esfuerzo estatal se apoya en décadas de lucha, perseverancia y valentía de las familias de las víctimas, quienes han sostenido la búsqueda y la memoria frente a la indiferencia institucional y social.
Su conformación fue el resultado de la calificación de casos de desaparición forzada que el Estado de Chile realizó, a través de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y luego por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y posteriormente por las Comisiones de Prisión Política y Tortura.
Por otro lado, los Tribunales de Justicia de Chile, a partir de las querellas interpuestas y los juicios desarrollados en las últimas décadas, han establecido verdades juridiciales irrefutables, más allá de toda duda razonable, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Las sentencias condenatorias dictadas dan cuenta de la existencia comprobada de torturas y apremios ilegítimos, desapariciones forzadas, ejecuciones y muertes, y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
3. Sostenemos con convicción que ninguna situación excepcional o interpretación aislada puede negar la existencia comprobada de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país bajo la dictadura. Rechazamos categóricamente toda forma de negacionismo o relativización de estos hechos.
Asimismo, advertimos que un caso particular no puede ni debe utilizarse para poner en duda, relativizar o borrar la verdad histórica de los crímenes cometidos en la dictadura civil–militar. Las violaciones a los derechos humanos fueron una política de Estado, sistemática, planificada y ampliamente verificada. Pretender desconocerlas, bajo el pretexto de una situación aislada, constituye una forma de negacionismo que vulnera la memoria de las víctimas y ofende el compromiso democrático del país.
4. En el marco del caso de Bernarda Vera, valoramos la utilización de métodos científicos, como la prueba de ADN, que permiten esclarecer con total certeza la identidad de las personas presuntamente halladas y contribuir, con rigor técnico y respeto a la dignidad humana, a la búsqueda de la verdad.
Recordamos que los casos calificados como detención con desaparición forzada constituyen hechos en los que se acredita la detención de una persona por agentes del Estado, seguida de la pérdida total de trazabilidad sobre su paradero. Estas personas no han sido declaradas fallecidas, y su búsqueda sigue siendo una obligación del Estado chileno y una deuda ética, política y moral con la verdad y la justicia.
5. Expresamos nuestra profunda empatía y solidaridad ante el daño psicológico y emocional que provocan las torturas, apremios y condiciones extremas a las que fueron sometidas las víctimas, prácticas que buscaron aniquilar su integridad física, mental y moral. El terror y el horror que se vivieron forman parte inseparable de nuestra memoria colectiva y de la historia reciente de Chile.
Finalmente, reafirmamos que la defensa y promoción de los derechos humanos es una política de Estado y compromiso irrenunciable de las y los demócratas progresistas. Avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es el camino que nos convoca para honrar la memoria de las víctimas, fortalecer la democracia y afirmar el profundo compromiso de Chile con la dignidad humana.
Suscriben este pronunciamiento los partidos Acción Humanista, Democracia Cristiana, Radical, Liberal, Socialista, Frente Amplio, Por la Democracia, Federación Regionalista Verde Social y Comunista.
