Por José Santelices | Periodista y analista político
El lento conteo de votos, las denuncias sin pruebas y la fragmentación extrema no son anomalías: son la expresión de un sistema político que perdió capacidad de ordenar la autoridad.
La elección presidencial peruana dejó de ser un mecanismo de resolución democrática para transformarse en un espejo del deterioro institucional. A más de una semana de la votación, el país sigue sin claridad sobre quién disputará la segunda vuelta, en medio de un conteo lento, miles de actas observadas y una narrativa de fraude que, aunque no ha sido respaldada por evidencia, ha logrado instalar dudas profundas sobre el proceso.
El dato formal es conocido: Keiko Fujimori lidera con cerca de un 17% de los votos, mientras la disputa por el segundo lugar entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se mantiene abierta, con diferencias mínimas que dependen de actas observadas y votos aún en revisión. Pero el dato político relevante es otro: ningún candidato logra construir mayoría, ni siquiera una base de legitimidad suficiente para proyectar gobernabilidad.
Ese es el punto crítico. Perú no enfrenta una elección estrecha; enfrenta una elección que no ordena el sistema político.
Las misiones de observación de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea han sido claras: hubo fallas logísticas, retrasos y problemas operativos, pero no existen elementos que permitan afirmar un fraude electoral. Sin embargo, en política la percepción pesa tanto como los hechos. Y en un sistema erosionado, cualquier falla , por menor que sea, se convierte en una grieta por donde se instala la desconfianza.
La lentitud del conteo, la falta de certezas y la proliferación de actas observadas generaron el contexto perfecto para que sectores políticos instalaran la tesis del fraude. Rafael López Aliaga ha sido el principal impulsor de esa narrativa, denunciando sin pruebas una manipulación del proceso y exigiendo incluso repetir votaciones en algunas zonas.
Pero el problema no es la denuncia en sí. Es el terreno donde esa denuncia prospera.
Perú arrastra una década de inestabilidad política extrema, con presidentes que no terminan sus mandatos, conflictos permanentes entre Ejecutivo y Congreso y una fragmentación partidaria que impide construir mayorías. En ese contexto, la elección de 2026 no corrige la crisis: la prolonga. Más de 30 candidaturas presidenciales, un electorado fragmentado y liderazgos débiles configuran un escenario donde la representación política deja de ser clara y la autoridad se diluye desde el origen.
El resultado es un sistema que sigue funcionando en lo formal, pero que pierde eficacia en lo sustantivo. Hay votación, hay conteo, hay organismos electorales. Pero nada de eso alcanza para producir certidumbre política.
Ese es el cambio de fase que vive Perú.
La elección ya no cumple su función principal: ordenar el poder y dotarlo de legitimidad. En cambio, se transforma en un nuevo episodio de la crisis, donde el resultado no resuelve el conflicto, sino que lo traslada a la siguiente etapa.
Y esa es la señal más preocupante.
Si la segunda vuelta se construye sobre un proceso cuestionado, con actores que ya han instalado dudas sobre su legitimidad y con un sistema político incapaz de producir mayorías claras, el próximo gobierno nacerá debilitado. En Perú, esa debilidad no es un problema teórico: es el punto de partida de la inestabilidad.
Lo que está en juego, por tanto, no es solo quién gana la elección. Es si el sistema político peruano aún tiene la capacidad de producir autoridad legítima.
Hoy, todo indica que esa capacidad está en entredicho.
