Por José Santelices, periodista | Off The Record
Convocada para presentar una estrategia frente a la crisis de fertilizantes, la cita terminó revelando algo más inquietante: ausencia de medidas, señales contradictorias desde la autoridad y una incertidumbre que ya empieza a trasladarse al campo nacional.
La semana pasada, en una sala del edificio de Teatinos 40, el Ministerio de Agricultura convocó a diversos actores del sector a una reunión que prometía algo concreto: un “plan de acción para fertilizantes”.
Según quienes estuvieron presentes, el plan nunca llegó.
La cita, realizada en dependencias de ODEPA, reunió a autoridades, representantes gremiales y ejecutivos de empresas importadoras. El contexto no era menor: alza internacional del precio de la urea, restricciones de oferta asociadas al conflicto en Medio Oriente y la creciente incertidumbre en la próxima temporada agrícola.
Pero lo que terminó marcando la reunión no fue el diagnóstico que, dicen, fue claro y compartido, sino la respuesta de la autoridad.
De acuerdo a lo señalado por diversos asistentes, tras escuchar las exposiciones técnicas de las empresas, desde el sector público se planteó que la crisis de fertilizantes sería, en esencia, “un problema entre privados”. Así de torpes. La frase, aseguran, cayó mal.
No solo por el fondo, la ausencia de medidas concretas, sino porque contrasta con la magnitud del escenario que describieron los propios importadores: dificultades de abastecimiento, precios volátiles y, sobre todo, un punto crítico que habría quedado sobre la mesa sin mayor respuesta: muchos productores simplemente no tienen capacidad de compra.
El efecto es directo. Sin fertilizantes, no hay siembra. Y sin siembra, el problema deja de ser sectorial.
Lo que más llamó la atención, sin embargo, no fue la falta de soluciones inmediatas, sino la ausencia de un marco estratégico. Varios de los presentes esperaban alguna señal de coordinación estatal frente a un shock externo que, como han advertido distintos organismos internacionales, puede trasladarse rápidamente a la cadena alimentaria. Nada de eso apareció.
En el mundo, el enfoque ha sido distinto. Países como Estados Unidos, Alemania o Australia han optado por reforzar reservas estratégicas, mecanismos de estabilización o directamente tratar la seguridad alimentaria como un asunto de interés nacional.
En Chile, en cambio, la señal que salió de esa sala fue otra.
El episodio abrió además una duda política más delicada: si lo planteado en la reunión refleja efectivamente la posición del gobierno o si se trata de un problema de conducción interna. Varios de los asistentes comentaron, en privado, que cuesta creer que el mensaje esté alineado con lo que el propio Ejecutivo ha sostenido públicamente respecto a competencia, concentración y protección a las PYMES.
Porque el problema de fondo, coinciden en el sector, no es solo la coyuntura internacional. Es estructural: dependencia de pocos compradores, formación opaca de precios y una relación comercial que, en la práctica, deja a muchos productores sin margen de negociación. Un cuadro que ha sido objeto de fallos en tribunales en más de una ocasión y que, lejos de corregirse, sigue condicionando la viabilidad del campo.
La guerra en Medio Oriente pasará. El mercado se ajustará. El Estrecho de Ormuz volverá a operar con normalidad. La pregunta que surge es si, cuando eso ocurra, algo habrá cambiado en Chile. ¿Qué va a pasar en nuestro país si las autoridades no se hacen cargo de los problemas estructurales? Está claro, como me dijo un agricultor que «el azar no nos va a proteger».
Por ahora, dicen quienes estuvieron en ODEPA, no hay señales de que de que la pregunta tenga respuesta.
