Por José Santelices | Análisis
Periodista. Analista político y en geopolítica.
El impacto del conflicto en el Golfo Pérsico no se agota en la energía. A través de fertilizantes más caros y cadenas productivas tensionadas, se configura un shock lento que empieza a trasladarse a la economía real.
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La advertencia ya no viene solo de analistas de riesgo o de traders atentos al precio del crudo. En las últimas semanas, organismos multilaterales, agencias internacionales y medios especializados han empezado a converger en un diagnóstico más inquietante: la tensión en el Estrecho de Ormuz no solo amenaza al mercado energético, sino que puede transformarse en un shock alimentario de alcance global.
El punto es crucial porque corrige una lectura demasiado estrecha de la crisis. Ormuz sigue siendo visto, ante todo, como un chokepoint del petróleo y del gas. Y lo es: por esa vía transita una porción crítica del comercio energético global, de modo que cualquier alteración en el paso eleva costos, seguros y volatilidad. Pero el problema no termina ahí. El alza de los costos de la energía golpea directamente a la producción y el comercio de fertilizantes, y desde ahí se traslada a la agricultura y, con rezago, al precio de los alimentos.
La FAO ha sido especialmente clara. En una advertencia publicada el 13 de abril, planteó que una crisis prolongada en Ormuz podría convertirse en una “catástrofe agroalimentaria” global. El organismo explicó que entre el 20% y el 45% de las exportaciones de insumos agroalimentarios dependen del paso marítimo por ese estrecho y que, además, cerca de 1,3 millones de toneladas de fertilizantes al mes dejaron de transitar por esa ruta sin alternativas terrestres viables.
Ese dato permite entender por qué el mercado está mirando hoy más allá del petróleo. Reuters informó que la guerra y las restricciones en la zona golpearon de lleno al comercio mundial de fertilizantes, con efectos visibles sobre la oferta y los precios. En marzo, la agencia consignó que los costos de importación de fertilizantes en Estados Unidos subieron con fuerza en apenas una semana, mientras India, Indonesia y Australia aparecían entre los países más expuestos a restricciones de suministro en plena temporada de siembra. También reportó que productores rusos advertían que no estaban en condiciones de compensar por sí solos una eventual escasez global.
El Banco Mundial ha entregado una señal complementaria, y muy relevante. En su actualización sobre seguridad alimentaria, advirtió que los precios de los fertilizantes se dispararon entre febrero y marzo de 2026, con la urea subiendo casi 46% en un mes. El organismo añade que, si bien los precios internacionales de alimentos básicos habían mostrado cierta estabilidad en el primer trimestre, los indicadores adelantados ya sugerían presiones inflacionarias al alza y que el impacto de fertilizantes más caros se vería “en los meses venideros”.
Ese es el corazón del problema: no estamos ante una crisis alimentaria instantánea, sino ante un shock lento. El fertilizante más caro no vacía hoy el supermercado. Lo que hace es encarecer la siembra, reducir la aplicación de nutrientes, deteriorar la rentabilidad agrícola y, eventualmente, bajar rendimientos. IFPRI ha subrayado precisamente eso: las restricciones de transporte en Ormuz ya empujaron al alza los precios de energía y fertilizantes, y si la perturbación persiste, el resultado probable será menor uso de fertilizantes, menores rendimientos y mayores riesgos para la seguridad alimentaria, sobre todo en países altamente dependientes del Golfo Pérsico para abastecerse.
La secuencia, por tanto, no es difícil de seguir. Primero sube la energía. Luego se encarece la producción de amoníaco y urea, altamente dependiente del gas. Después aumentan los costos logísticos y financieros del comercio marítimo. Finalmente, los agricultores enfrentan insumos más caros justo cuando sus márgenes ya vienen tensionados. Reuters reportó hace pocos días que en Estados Unidos compradores redirigían fertilizantes importados hacia mercados externos más rentables, mientras Rabobank advertía que la crisis podía prolongarse durante meses. Es decir, la tensión ya no es una hipótesis remota: está alterando incentivos, flujos comerciales y decisiones de abastecimiento.
Lo más delicado es que este tipo de shock suele tener una traducción política más severa que otros. El alza del precio de los combustibles afecta de inmediato el ánimo social, pero el alza de alimentos erosiona con más profundidad. Afecta canastas básicas, golpea hogares vulnerables, tensiona subsidios y complica la gestión macroeconómica. El comunicado conjunto del FMI, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía del 13 de abril apuntó precisamente a eso: el shock actual es “sustancial, global y altamente asimétrico”, y está elevando los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, con riesgos directos para la seguridad alimentaria y el empleo, especialmente en países importadores de energía y de menores ingresos.
Además, el problema ya escaló al terreno de la coordinación internacional. Reuters reveló el 17 de abril que Estados Unidos lidera una iniciativa en el G20 para asegurar acceso a fertilizantes, mientras la ONU empuja la creación de un corredor humanitario por Ormuz para fertilizantes y otros bienes esenciales. La sola existencia de esa discusión demuestra que el asunto dejó de ser un problema sectorial para convertirse en un riesgo sistémico.
Europa también empezó a reaccionar. Reuters informó que la Comisión Europea estudia subsidios, exenciones y créditos para amortiguar en agricultura, pesca y transporte el impacto de la guerra con Irán, incluyendo el fuerte aumento en costos de combustible y fertilizantes. La nota añadía que los precios de fertilizantes nitrogenados en la Unión Europea se ubicaban 58% por sobre los promedios de 2024, aunque sin escasez física inmediata. Ese matiz es importante: el problema, por ahora, es tanto de asequibilidad como de disponibilidad futura.
Para Chile, la amenaza es indirecta, pero no menor. Como economía abierta y tomadora de precios, el país importa buena parte de los shocks externos en energía, alimentos e insumos productivos. Eso significa que una tensión prolongada en fertilizantes puede terminar llegando por varias vías: mayores costos agrícolas, presión sobre alimentos procesados y frescos, persistencia inflacionaria y un nuevo estrechamiento del margen político para manejar el costo de vida. No sería un shock local, sino uno importado. Y precisamente por eso sería más difícil de neutralizar desde la política interna. La experiencia reciente enseña que cuando las presiones vienen de afuera, los gobiernos pueden administrar, amortiguar o comunicar; pero rara vez controlarlas. Esa lógica ya fue advertida por la FAO, el Banco Mundial y el IFPRI al subrayar que el efecto fuerte se verá con rezago, a medida que la siembra y la cosecha empiecen a reflejar fertilizantes más caros o menos disponibles.
La conclusión es incómoda, pero clara. Ormuz ya no debe leerse solo como una amenaza al petróleo. Se está transformando en una prueba de cómo una crisis geopolítica puede degradar lentamente las bases materiales de la economía global: energía más cara, fertilizantes más escasos o inaccesibles, agricultura más costosa y alimentos más vulnerables a nuevos saltos de precio. No es una crisis de estallido, sino de acumulación. Y justamente por eso puede ser más difícil de gestionar.
