Por Claudio Espinosa | ECONOMÍA
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo en Radio Cooperativa que ve difícil que la economía chilena crezca sobre 1,5% este año. Más allá del interés gremial, el mensaje golpea un punto sensible para el Gobierno: la confianza política no basta para mover inversión, empleo y actividad.
El empresariado enfría el optimismo
El Gobierno quiere instalar que Chile entró en una nueva etapa económica en la que habrá más inversión, más confianza y más crecimiento.
Pero desde el mundo empresarial apareció una señal menos cómoda. En entrevista con El Diario de Cooperativa, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, Susana Jiménez, sostuvo que ve difícil que la economía crezca por sobre de 1,5% este año.
No fue una frase al pasar. Fue una advertencia política y económica: el empresariado está diciendo que el cambio de gobierno puede mejorar las expectativas, pero no cambia por sí solo la velocidad de la economía real.
Y esa diferencia importa, porque una cosa es ganar el relato de la confianza y otra muy distinta es transformar esa confianza en proyectos, contrataciones, inversión y crecimiento efectivo.
La economía no cambia de velocidad por decreto
La idea central de Jiménez es simple: la economía tiene inercia. Eso significa que los problemas acumulados no desaparecen porque cambie el clima político. La permisología sigue ahí. Los costos de contratación siguen ahí. La incertidumbre regulatoria sigue ahí. La discusión tributaria sigue ahí.
El Gobierno puede ofrecer señales, pero las empresas miran plazos, costos, permisos, financiamiento y certeza jurídica. La confianza ayuda, sin embargo, no reemplaza las condiciones.
Ahí está la tensión de fondo. La administración de José Antonio Kast necesita mostrar que su llegada produjo un giro económico. Pero el gran empresariado está moderando esa expectativa: no habrá salto automático, no habrá crecimiento explosivo de corto plazo, no habrá recuperación inmediata solo porque el discurso cambió.
La economía no funciona como campaña. Funciona con inversión ejecutada.
El techo del 1,5% es una señal política
La cifra importa menos por su precisión que por su significado. Cuando la CPC dice que ve difícil crecer sobre 1,5%, no está solo haciendo una proyección. Está instalando un límite incómodo al relato oficial.
Porque el Gobierno necesita crecimiento para sostener varias promesas al mismo tiempo: rebajar impuestos, ordenar las cuentas fiscales, pagar deudas pendientes, contener el déficit y recuperar empleo.
Todo eso requiere caja y la caja sale del crecimiento.
Si la economía avanza poco, el margen fiscal se achica. Si el margen se achica, la rebaja tributaria se vuelve más difícil de financiar. Si la inversión no despega, el empleo tampoco mejora con fuerza. Y si el empleo no mejora, el relato de recuperación queda lejos de la vida cotidiana.
Ese es el problema político del bajo crecimiento. No se queda en una planilla y termina golpeando la credibilidad del Gobierno.
La CPC también juega su propio partido
Hay que leer el mensaje con cuidado.
La CPC no es un observador neutral. Representa intereses empresariales y está empujando una agenda clara: menos trabas, menor carga tributaria, certeza jurídica, invariabilidad para la inversión y reducción de costos laborales.
Su diagnóstico tiene una dimensión económica, pero también una dimensión política. Al ponerle techo al crecimiento, el gremio aumenta la presión sobre el Gobierno y sobre el Congreso. El mensaje implícito es evidente: si no se aprueban reformas pro inversión, el crecimiento seguirá bajo.
Esa estrategia no es nueva. El empresariado convierte el bajo crecimiento en argumento para acelerar su agenda. El punto es que esta vez el mensaje le pega también al Gobierno que el propio mundo privado mira con mayor expectativa.
Ahí aparece la paradoja. La CPC respalda el giro pro crecimiento, pero al mismo tiempo advierte que el giro no alcanza.
Permisos, impuestos y empleo: la pelea que viene
La presidenta de la CPC ha dejado tres ejes bien definidos.
Primero, permisología. El argumento empresarial es que los proyectos tardan demasiado y que la inversión se queda atrapada antes de ejecutarse. Algo similar ocurre con la renovación de permisos, postergados muchas veces de manera arbitraria.
Segundo, costos laborales. La CPC sostiene que los costos de contratación siguen subiendo y que eso afecta al empleo formal.
Tercero, competitividad tributaria. El gremio insiste en que Chile perdió atractivo para invertir y que una rebaja de impuestos sería una señal correcta.
Esos tres temas serán parte del corazón económico del año, pero también tienen costos políticos.
Reducir la permisología es fundamental para emprendedores, pymes y grandes empresas. En eso parece haber un gran y transversal consenso. Los costos laborales pueden abrir conflicto con sindicatos y oposición. Rebajar impuestos puede tensionar aún más una situación fiscal ya estrecha.
Nada de eso es gratis, y ahí el Gobierno tendrá que elegir entre el titular fácil y la negociación difícil.
El relato de recuperación necesita resultados
La advertencia de la CPC no derrumba el plan económico del Gobierno, pero le baja el volumen.
El Ejecutivo puede hablar de confianza, cambio de rumbo y reconstrucción. Puede insistir en que vienen más proyectos y mejores condiciones para invertir. Puede prometer que el crecimiento llegará cuando las reformas empiecen a operar.
Pero el tiempo político corre más rápido que el tiempo económico. Las inversiones demoran; los permisos demoran; el empleo demora y la recaudación demora. Y mientras tanto, el Gobierno necesita mostrar resultados. Ese es el punto central: la economía está esperando condiciones concretas para volver a crecer con fuerza. No basta con las señales políticas.
La CPC puso el dedo donde más duele. El relato de reactivación puede partir en La Moneda, pero se valida en la inversión, el empleo y la caja fiscal. Si esos números no aparecen, el optimismo quedará como lo que la economía suele castigar primero: una promesa sin ejecución.
