Por Juan Baeza, Director de Agricultores Unidos | OPINIÓN
La agricultura tradicional no compite contra rivales más eficientes: compite contra productos que entran sin aranceles, con respaldo estatal en origen o con estándares laborales y ambientales prohibidos en Chile. Y cuando un cultivo muere, se lleva con él al pueblo entero.
Una crónica que obliga a mirar más allá
Leí con atención la crónica que The Clinic publicó sobre la última cosecha de remolacha. Mira a la cara a la gente del campo. Se agradece de verdad.
Acá en el Maule conocemos esos nombres, esos pinchos y el silencio que queda cuando una fábrica deja de comprar.
Por eso mismo quiero complementar con algo que faltó. La nota cuenta muy bien cómo muere el cultivo pero dice poco de por qué muere, y de a quiénes se lleva con él. Esas dos cosas no eran su objetivo, pero desde acá la complementamos porque no son un detalle: de ahí depende que esto no se repita con el próximo rubro.
El reportaje menciona la lenteja chilena, que casi desapareció. Acá está el dato duro: hoy en Chile se siembran apenas unas 700 hectáreas de lenteja en todo el país, según el último Censo Agropecuario. Setecientas, para todo Chile. Mientras tanto, importamos del orden de 18 mil toneladas de lenteja al año, y nueve de cada diez vienen de un solo país: Canadá. Y entra sin pagar un peso de arancel.
¿Por qué no puede competir el agricultor chileno? No porque sea malo. Porque enfrente tiene una cancha dispareja, y eso se demuestra.
El agricultor canadiense compite respaldado por su Estado: seguros de cosecha con la prima pagada en parte por el gobierno, cuentas de ahorro donde el Estado pone una contraparte, y programas que le cubren el ingreso cuando el margen cae.
Nada de eso es ilegal. Está diseñado, dentro de las reglas del comercio mundial, para no tener que declararse como subsidio. Pero llamémoslo por su nombre: es apoyo del Estado a su agricultor, apoyo que el chileno no recibe. Para medir la diferencia: el respaldo estatal al productor equivale a cerca del 3% del valor en Chile, contra alrededor del 13% en los países desarrollados.
Entonces que quede claro, y no como queja sino como hecho verificado: esta situación con Canadá no es justa. El productor chileno paga mano de obra formal, cotizaciones, cuida el suelo y el agua, y no tiene red estatal detrás. El canadiense la tiene, y además llega sin arancel. Eso no es libre mercado. Es una ventaja artificial.
Lo mismo con el azúcar
Con la remolacha pasa igual, por otra vía. En la crónica un agricultor dice «la caña nos mató». Lo entiendo, pero no es exacto. No la mató competir; la mató competir contra lo que en Chile está prohibido.
Parte del azúcar de caña que Chile importa proviene de países donde ese cultivo figura, en registros oficiales, como producido con trabajo forzoso o infantil. El propio Departamento del Trabajo de Estados Unidos lo consigna para varios orígenes. Solo el año pasado, Brasil rescató a más de 2.700 personas en condiciones equiparables a la esclavitud.
A eso se suma un costo ambiental que aquí no se permitiría. Cuando un productor compite contra esa azúcar, no compite contra alguien más eficiente: compite contra alguien a quien se le permite lo que a él se le prohíbe.
Y ojo con el detalle: no pedimos cerrar la frontera ni que nos regalen un bono. El subsidio es un parche, y lo paga, con el IVA del pan, el que menos tiene. Pedimos nivelar la cancha. Que al que entra de afuera se le exija el mismo estándar laboral y ambiental que se nos exige a nosotros. Si Chile celebra que el mundo castigue el trabajo forzoso, no puede a la vez endulzar su café con él.
Al ataúd no entra solo el agricultor
Acá está lo que más me importa aclarar. Cuando se cierra un rubro, no se cae solo el que siembra. Se cae el pueblo entero.
Pónganlo en imágenes del Maule. La misma crónica recuerda que había un día de pago al mes, y ese día el comercio se ordenaba en torno a esa plata. Cuando deja de circular, deja de circular para todos. El camionero que llevaba la carga. La ferretería que vendía el repuesto. El almacén, la feria, la bencinera. El que arreglaba las máquinas. Y los colegios del sector, que se sostienen con las familias de esos mismos trabajadores. Cuando el rubro muere, esa economía familiar entra al ataúd con él.
Y los números dicen que esto recién empieza. El mismo Censo muestra quién queda en el campo: de cada cien productores en Chile, setenta y siete tienen 50 años o más. Casi cuatro de cada diez ya pasaron los 65. ¿Menores de 25? Menos de uno de cada cien. El campo está envejeciendo sin relevo. Júntelo con los rubros en niveles mínimos —la lenteja en unas 700 hectáreas, el garbanzo en 300, el chícharo casi sin existir— y el cálculo es simple: esta generación se jubila, no hay quien la reemplace, y los cultivos que sostuvo terminan, uno por uno, en el ataúd, arrastrando al comercio y al trabajo del pueblo que vivía de ellos. No es una amenaza. Es lo que dicen los datos.
Es muy valioso el reportaje The Clinic, y espero que la conversación siga, de frente y en público. La agricultura tradicional no se está muriendo sola, y no se muere sola: se lleva al transportista, al comerciante, al colegio del sector. La empuja una competencia a la que no se le exige lo mismo que a nosotros, y un Estado que no corrige esa diferencia. Eso tiene nombre, tiene números y tiene solución. Nivelemos la cancha, antes de que en el pueblo el último en irse tenga que apagar la luz.
