Por José Santelices | ANÁLISIS
La aprobación en general evitó una derrota temprana del Gobierno en el Senado. Pero dejó expuesta una realidad compleja: la iniciativa estrella de La Moneda depende ahora de una negociación artículo por artículo, con una oposición que ya no discute solo el proyecto, sino el modelo económico detrás de él.
Una victoria que no alcanza
El Gobierno logró aprobar la idea de legislar del Plan de Reconstrucción Nacional. Formalmente, es una victoria aunque políticamente, es algo bastante más frágil.
La votación permitió que el proyecto siga avanzando, pero no entregó a La Moneda una mayoría capaz de imponer su diseño sin negociación. El Gobierno consiguió sobrevivir a la primera prueba, pero no consiguió despejar el camino.
Ese matiz importa porque la discusión en general permite respaldar una idea. La discusión en particular obliga a defender cada artículo, cada beneficio tributario, cada norma ambiental, cada incentivo al empleo y cada efecto fiscal.
El Senado no aprobó el plan, sólo le dio oxigeno para seguir existiendo.
El costo de mezclar urgencia con doctrina
La gran apuesta política del Ejecutivo fue empaquetar en una sola iniciativa recursos para reconstrucción, reactivación económica, rebajas tributarias, cambios regulatorios y medidas de inversión.
La jugada tenía una ventaja evidente: obligaba a la oposición a votar contra un proyecto que incluye ayuda para damnificados por incendios. Pero también tenía un costo.
Al fusionar reconstrucción y reforma económica, el Gobierno convirtió una urgencia social en una disputa ideológica. La oposición dejó de discutir solo viviendas, fondos de emergencia o reconstrucción territorial. Pasó a discutir rebaja de impuestos, invariabilidad tributaria, contribuciones, permisología y sostenibilidad fiscal.
Ese fue el punto de quiebre: la oposición pidió separar la reconstrucción de las medidas tributarias. La Moneda se negó. Con eso, el Ejecutivo protegió la coherencia de su proyecto, pero perdió la posibilidad de construir una mayoría más amplia en torno a las zonas afectadas.
La reconstrucción quedó convertida en el vehículo político de una reforma mayor, y esa decisión explica buena parte de la resistencia.
La verdadera batalla comienza ahora
El Gobierno llega a la etapa de indicaciones con una advertencia conocida: la oposición ya demostró en la Cámara que está dispuesta a usar la tramitación artículo por artículo como instrumento de presión.
Más de mil indicaciones fueron presentadas durante el primer trámite. Parte de ellas buscaba modificar el contenido del proyecto. Otra parte buscaba elevar el costo político de aprobarlo sin cambios.
Ahora el escenario se traslada al Senado y ahí la correlación de fuerzas es más estrecha, los actores son menos, pero el poder de cada voto aumenta. El proyecto será revisado en paralelo por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda. Cada una tendrá capacidad para abrir un flanco distinto.
En Medio Ambiente, la disputa será por los cambios a la tramitación de permisos y por la relación entre inversión, ‘territorios’ y fiscalización.
En Trabajo, la discusión se concentrará en el crédito al empleo, los incentivos a la formalización y las condiciones bajo las cuales el Estado subsidia contratación.
En Hacienda, en cambio, estará el núcleo político del proyecto: rebaja del impuesto corporativo, contribuciones, incentivos de inversión, gasto fiscal, deuda y proyecciones de crecimiento.
El problema fiscal no se resuelve con relato
El Gobierno sostiene que la reconstrucción y la reactivación deben entenderse como parte de una misma estrategia: crecimiento, empleo, inversión y recuperación de la capacidad económica del país.
La tesis tiene lógica política, pero enfrenta un obstáculo técnico que no desaparecerá por voluntad: la sostenibilidad fiscal.
El Consejo Fiscal Autónomo puso sobre la mesa una advertencia difícil de esquivar. El plan puede mejorar el crecimiento, pero sus costos fiscales son concretos y sus beneficios dependen de proyecciones que todavía deben demostrarse.
Ese es el principal instrumento de presión de la oposición y, al mismo tiempo, la razón por la cual algunos sectores de centro no están dispuestos a entregar un cheque en blanco al Ejecutivo.
La discusión ya no será si Chile necesita crecer. En eso existe un consenso amplio. La discusión recaerá sobre quién financia la apuesta, cuánto riesgo fiscal está dispuesto a asumir el Estado y qué compromisos deberá aceptar el Gobierno para conseguir los votos que le falten.
El dilema de La Moneda
El Gobierno de Kast enfrentará a partir de ahora una decisión incómoda:
Puede mantener intacto el diseño original, cerrar filas con su coalición y tratar de aprobar el proyecto por márgenes mínimos, para lo que debería contar con todos los votos de Chile Vamos.
O puede abrir espacio a cambios sustantivos, asegurar una mayoría más amplia y aceptar que su primera gran ofensiva programática salga del Congreso con menos ambición que la que tuvo al ingresar.
Ninguna de las dos opciones es gratuita. Si el Gobierno no cede, corre el riesgo de ganar una votación y perder la legitimidad política de la reforma. Si cede demasiado, puede terminar aprobando una ley que conserve el nombre de “Reconstrucción”, pero pierda buena parte de la arquitectura económica que buscaba instalar.
Ese es el verdadero test de poder, que no se trata solo de contar votos, sino de decidir cuánto está dispuesto a modificar el Ejecutivo para convertir una mayoría ocasional en una mayoría funcional.
La primera prueba real del Gobierno
El Plan de Reconstrucción es mucho más que una ley.
Es la primera gran prueba de la capacidad de José Antonio Kast para gobernar con un Congreso fragmentado, administrar tensiones dentro de la derecha y negociar con sectores que no comparten su diagnóstico económico, pero sí entienden que Chile necesita salir del estancamiento.
La aprobación en general evitó una crisis, pero no resolvió el problema.
Desde ahora, cada indicación será una señal de poder. Cada artículo rechazado o modificado mostrará quién conduce realmente la discusión y cada concesión revelará qué tan fuerte es el Gobierno fuera de La Moneda.
Kast logró que el Congreso aceptara discutir su proyecto y ahora debe demostrar que es capaz de construir los acuerdos para aprobarlo, porque gobernar con una mayoría estrecha puede servir para ganar una votación, pero no alcanza para reconstruir una mayoría política.
