Por Carlos Cantero Ojeda, Geógrafo. Doctor en Sociología | OPINIÓN
En América Latina ha reventado un debate crucial de interés global: el «Caso Cerimedo». La temática que abordamos ha sido tratada y denunciada, desde hace muchos años, en conferencias, columnas de opinión, clases y libros. En el mundo político se escandalizan ahora que el abuso los afectó de cerca, unos intentan diluirlo y otros exagerarlo, siempre fieles al oportunismo y la cultura binaria de buenos y malos.
Lo que hace unas semanas emergió como denuncia por un presunto intento de femicidio escaló con rapidez hasta convertirse en una verdadera Caja de Pandora Digital, desde donde emergen casos de violencia política, erosión de la democracia, daño a la convivencia social y violación de la subjetividad de las personas, con serias consecuencias para el futuro institucional.
Las esquirlas políticas del caso sacuden a Latinoamérica: en Brasil, Fernando Cerimedo fue vinculado a la difusión de noticias falsas en la elección del 2022; en Argentina fue estratega digital de la campaña de Milei en 2023 y fundó La Derecha Diario, acusado de desinformar; y en Chile, una comisión investigadora del Parlamento aborda el eventual uso de bots y troles en procesos electorales. En todos estos casos, los dardos apuntan a la derecha. Sin ánimo de establecer una falsa equivalencia ni de normalizar la situación, sería una ingenuidad y un irrespeto a la razón asumir que en la izquierda son víctimas inocentes, ajenas al uso de estas poderosas herramientas de manipulación de la percepción y la subjetividad de las personas.
El episodio que abordamos es grave y sacó a la luz una red de violencia sistémica contra la sociedad, las instituciones políticas y la propia democracia. Este tránsito desde una causa penal individual hacia una crisis política transnacional desnuda un peligro subyacente con diversas vertientes: la opacidad asimétrica en la gestión de las redes, la mutilación del debate público y la manipulación política y democrática.
El aspecto más complejo de este fenómeno es la infinita ingenuidad y servidumbre voluntaria con la que se entregan los datos personales y la intimidad del hogar, como materia prima para que estrategas del engaño manipulen nuestra percepción de la realidad. En la era del auto-exhibicionismo y la búsqueda desesperada de validación social, las personas ceden voluntariamente su privacidad, convirtiéndose en colaboradoras activas del sometimiento de su propia subjetividad.
A través del rastreo perpetuo -un neocolonialismo de los datos- y la recolección masiva de datos digitales, operadores sin escrúpulos extraen la subjetividad humana, miedos, odios y fragilidades, para construir perfiles psicométricos avanzados y moldear la conducta de las personas mediante sofisticados algoritmos. En este ecosistema, la conversación pública deja de ser deliberativa y muta en un campo de batalla. Lo que en el siglo pasado exigía mecanismos coercitivos tradicionales, hoy se ejecuta mediante la expropiación imperceptible de la intimidad, en una complicidad entre el abuso y la autoexposición.
Las teorías tradicionales de la comunicación, como la fijación de la agenda (agenda setting), el filtro editorial (gatekeeper) y el encuadre periodístico (framing) para contrastar hechos, han sido desplazadas por algoritmos programados para priorizar la rabia y la polarización. Entre las herramientas de esta nueva guerra psicológica se cuentan las granjas de troles -múltiples cuentas que publican comentarios provocadores, ofensivos o descalificadores-, las redes de bots -programas informáticos que ejecutan tareas repetitivas y automatizadas-, el astroturfing -una técnica de manipulación masiva que simula espontaneidad ciudadana mediante cuentas falsas- y la microsegmentación agresiva. Juntas constituyen hoy el menú que vicia de nulidad moral el consentimiento democrático.
Todo este proceso depende de la capacidad de viralizar o contagiar ideas y emociones, con la mayor opacidad y mimetismo posibles, y con amplia distribución, ubicuidad y seudodiversidad en torno al hecho que se gestiona.
Frente a esta invasión de la privacidad, el Derecho camina con pies de barro, y la política es, al mismo tiempo, víctima de su ignorancia y desinterés en estos temas, y victimaria por usar estas herramientas pragmáticamente, según conveniencias y capacidad de pago. La opacidad algorítmica, las «cajas negras» y otras herramientas de la inteligencia artificial y el neuromarketing dificultan el escrutinio público y la fiscalización estatal.
El caso Cerimedo constituye un problema emergente y un llamado urgente de atención y a la acción. Cuando la violencia privada y el abuso político rompen sus límites y exponen la podredumbre del control digital masivo, la sociedad no puede permanecer pasiva. Si la ciudadanía insiste en regalar su intimidad, la servidumbre voluntaria terminará por desmantelar las instituciones republicanas. Recuperar la soberanía del debate democrático exige tomar conciencia y reaccionar antes de que la libertad quede reducida a un mero código fuente manipulable. Se deben promover políticas de adaptabilidad a la sociedad digital; los propios políticos están llamados a actuar, y la ciudadanía, a fiscalizar y exigir cuentas oportunamente.
